MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía turca ha empleado este jueves cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar una manifestación celebrada en la capital, Ankara, en protesta contra los juicios de los casos 'Ergenekon' y 'Balyoz', así como contra los tribunales especiales (OYM), que se encargan únicamente de delitos de terrorismo.
Alrededor de 3.000 personas han salido a las calles de la capital después de que se filtrara que la reducción de los periodos máximos de detención de siete años y medio a cinco años, aprobada la semana pasada por el Parlamento, no será aplicada para los implicados en dichos casos, según ha informado el diario turco 'Hurriyet'.
En su decisión, el Parlamento aprobó la abolición de los OYM, lo que podría provocar que cientos de oficiales condenados por planificar golpes de Estado vean sus juicios repetidos en tribunales criminales.
Estos tribunales suspendieron sus operaciones en 2012 tras una decisión del Parlamento, si bien un artículo provisional aprobado ese año permitió a los mismos finalizar los casos abiertos sobre presuntos complots contra el Gobierno, como los conocidos como 'Ergenekon', 'Balyoz', 'Odatv' y 'Poyrazkoy'.
Sin embargo, y pese a que la nueva ley estipula que los casos sean enviados a tribunales criminales, el ministro de Justicia ya ha dicho que los casos ya cerrados no se verán afectados por la decisión.
Los juicios llevados a cabo en los OYM han sido duramente criticados después de que algunos de los acusados fueran detenidos sin que pesara orden judicial. Asimismo, los altos estamentos del Ejército afirmaron que algunas pruebas habían sido fabricadas.
El paquete de legislación aprobada incluye además la reducción a cinco del número de años que una persona podrá permanecer detenida a la espera de juicio.
El Gobierno turco ha sido duramente criticado por sus largos periodos de detención, un asunto que ha sido puesto en el foco de la Unión Europeo a causa del arresto de parlamentarios kurdos durante años.
Asimismo, la nueva ley exige que existan "pruebas firmes" para que una persona fuera ser puesta bajo custodia, y únicamente los tribunales penales de mayor autoridad podrán exigir que se pinchen las comunicaciones de los sospechosos.
