BRUSELAS, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea decidió hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la conocida como ley 'anti-EdF' de 1999, según la cual cualquier empresa extranjera con capital público que quiera comprar más del 3% de una eléctrica española tiene que pedir autorización al Gobierno. El Ejecutivo comunitario considera que esta norma impone restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales que vulneran el Tratado.
España ya modificó esta ley el 30 de diciembre de 2003 tras la apertura de un primer procedimiento de infracción en 2001. Sin embargo, la Comisión consideró que los cambios realizados no eran suficientes, puesto que daban a las autoridades amplios poderes discrecionales para decidir autorizar o no el ejercicio de los derechos de voto en empresas energéticas españolas por parte de entidades públicas.
El Ejecutivo comunitario señaló además que este régimen iba más allá de lo necesario para el objetivo de salvaguardar las operaciones y la prestación de los servicios de dichas empresas. Además, subraya que los argumentos de España en defensa de la ley son "insatisfactorios" a la luz de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
Por ello, el 7 de julio de 2005 envió a las autoridades españolas una nueva carta de requerimiento complementaria en la que instaba a adoptar las medidas necesarias para cumplir el dictamen. España no ha dado hasta ahora ninguna respuesta.
El Ejecutivo comunitario subraya que este procedimiento está abierto desde 2001, y por tanto es "independiente" del decreto que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la OPA de la alemana E.ON y Endesa.
