La CE recuerda que no hay un marco europeo que impida a los Estados miembros usar esta tecnología si respeta la legislación comunitaria
BRUSELAS, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea quiere analizar el impacto que pueden tener en la salud y la privacidad de los pasajeros aéreos los escáneres corporales que algunos países pretenden usar en los aeropuertos para prevenir actos de terrorismo.
El atentado fallido de Al Qaeda el pasado 25 de diciembre contra un avión de Northwest Airlines que hacía la ruta Ámsterdam-Detroit ha reabierto el debate sobre los controles de seguridad antes del embarque y Reino Unido y Países Bajos han anunciado ya que introducirán este sistema en sus aeropuertos.
"La Comisión Europea ha dicho que examinaría que la cuestión de los escáneres corporales respeta todos los aspectos de la vida privada y garantiza la salud humana", dijo hoy una portavoz del Ejecutivo comunitario, Barbara Helfferich.
La portavoz recordó que en la actualidad no hay ninguna regla que impida a los Estados miembros introducir el uso de este tipo de escáneres y que, de hecho, ya se han probado en diferentes aeropuertos. "No hay un marco europeo sobre su uso, por lo tanto los Estados miembros los pueden usar mientras ninguna legislación nacional o europea lo impida", agregó Helfferich.
El Ejecutivo comunitario se vio obligado a abandonar en noviembre de 2008 la idea de introducir los escáneres corporales en el catálogo de medidas de seguridad que pueden usarse en los aeropuertos debido a las reticencias mostradas por la Eurocámara y por algunos Estados miembros como Alemania.
El Parlamento Europeo expresó sus reservas sobre la utilización de esta herramienta al considerar que esta medida podría tener un impacto grave en los derechos fundamentales de los ciudadanos y pidió entonces a la Comisión que recabara más información sobre las repercusiones en la salud y en la dignidad humana antes de decidir si aprobaba o no el uso de estas máquinas.
Al respecto, Helfferich dijo que la CE analiza ahora cuál es la situación y que podría plantearse presentar una nueva propuesta una vez analizado si la tecnología en cuestión es "segura" y se adecúa a la legislación europea existente.
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