UE.- La CE pregunta a los Gobiernos qué hacen para evitar fugas de datos bancarios como las de Swift

BRUSELAS 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, ha remitido recientemente una carta a todos y cada uno de los veinticinco Estados miembros preguntándoles si han detectado en sus sistemas bancarios fugas de datos como la ocurrida en Bélgica en el caso del consorcio bancario internacional Swift, que envió a Estados Unidos información confidencial para la lucha antiterrorista.

Frattini quiere saber, en concreto, qué iniciativas tienen intención de adoptar sobre un asunto "delicado" como es el deber de control sobre los bancos centrales nacionales. El comisario no ha recibido de momento ninguna respuesta.

Además, el responsable de Justicia e Interior del Ejecutivo comunitario ha enviado la misma carta a la ministra belga de Justicia, Laurette Onkelinx, para que diga qué piensa hacer el Gobierno federal a raíz de la publicación del informe que certifica que Swift violó las leyes nacionales de protección de datos y la normativa comunitaria al respecto.

Los responsables de protección de datos de los Veinticinco dictaminaron la semana pasada que Swift violó la normativa comunitaria al entregar datos de sus clientes a Estados Unidos desde 2001 en el marco de la lucha antiterrorista y han extendido la responsabilidad a los bancos en tanto que usuarios de los servicios del consorcio.

Además, señalan que el uso de estos datos para la lucha antiterrorista es incompatible con la finalidad bancaria original para la que se recogieron.

Los expertos reconocen una responsabilidad conjunta de las instituciones financieras de los Estados miembros en tanto que usuarias de los servicios de Swift, aunque se considera al consorcio como principal responsable por usar los datos para una segunda finalidad.

El grupo pide a Swift y a los bancos que tomen de manera inmediata las medidas necesarias para poner fin a la actual ilegalidad, y que detengan las transferencias ilegales, aunque no pone fecha al momento exacto en el que el consorcio debería parar de enviar los datos.

Asimismo, reclama que se aclare el papel que debe jugar el Banco Central Europeo en casos como este, ya que a pesar de que conoció las transferencias de datos desde 2002, no actuó para corregirlas ni las hizo públicas.