BRUSELAS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Economía de la Unión Europea discutirán hoy la propuesta de la Comisión para que el impuesto de circulación se base en las emisiones de CO2, de manera que penalice a los coches más contaminantes, aunque de momento sigue sin haber perspectivas de acuerdo, según informaron fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario propuso en julio de 2005 eliminar gradualmente el impuesto de matriculación durante un periodo de diez años y sustituirlo por una tasa de circulación vinculada a las emisiones contaminantes.
El objetivo de la iniciativa es doble: por un lado, acabar con la actual fragmentación en los 27, que a juicio de Bruselas obstaculiza el mercado interior; y por otro combatir el cambio climático. La propuesta incluía además la creación de un mecanismo de devolución para evitar la doble imposición.
Sin embargo, la propuesta de suprimir el impuesto de matriculación no saldrá adelante puesto que la mayoría de los Estados miembros la han rechazado alegando que ello supondría perder una importante fuente de ingresos fiscales. En cambio, los Veintisiete sí que están de acuerdo en crear un mecanismo de devolución, según las fuentes consultadas.
Algunos países rechazan también la obligación de introducir el elemento CO2 en los impuestos nacionales aplicables a los coches, especialmente Reino Unido e Irlanda, que insisten en que la UE no debe intervenir en esta cuestión, pero también Finlandia o Países Bajos. La Presidencia portuguesa ha sugerido un planteamiento más flexible que obligue simplemente a los Estados miembros a basar parte del impuesto en el CO2 pero que les deje libertad para hacerlo mediante la base impositiva, los tipos o la cuantía del impuesto.
Los ministros de Economía deberán pronunciarse hoy sobre estas cuestiones para dar una orientación política clara a la Presidencia portuguesa, que pretende aprobar esta norma el próximo diciembre.
El Ecofin tratará de llegar a un acuerdo sobre la propuesta de reforma del IVA de los servicios, que haría que el impuesto se aplique en el lugar en el que se encuentra el consumidor y no la empresa que los presta. Luxemburgo veta esta iniciativa para evitar perder los ingresos fiscales millonarios de las empresas de telecomunicaciones que, como Skype, AOL o Apple, se han instalado en el Gran Ducado para beneficiarse del bajo tipo de IVA, del 15%.
El primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, ha presentado una propuesta de compromiso que consistiría en mantener la norma actual (imposición en el lugar de establecimiento del prestador) y crear un mecanismo para que el país de consumo reciba del Estado miembro de establecimiento de la empresa una parte de los ingresos de IVA. Pero el resto de delegaciones ya se han opuesto a estos planes.
La Presidencia portuguesa ha puesto sobre la mesa otras dos alternativas. La primera consistiría en retrasar la entrada en vigor del cambio del régimen impositivo para dar más tiempo a Luxemburgo a adaptarse. La segunda consiste en aplicar la nueva norma (imposición en el lugar de consumo) a partir del 1 de enero de 2010, pero consentir que el Estado miembro de establecimiento retenga una parte de la recaudación de IVA en compensación por los costes administrativos de control y recaudación del impuesto.
Los ministros de Economía de la UE intentarán además llegar a un acuerdo para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2010 los tipos de IVA reducidos que aplican República Checa, Chipre, Malta, Polonia y Eslovenia a una serie de servicios en virtud de sus respectivos Tratados de Adhesión y que en su mayoría caducan en 2004.
De esta forma, se equiparan las condiciones con los antiguos 15 Estados miembros, que el año pasado ya lograron una prórroga para los servicios que necesitan mucha mano de obra, y se espera a que el Ejecutivo comunitario presente una propuesta legislativa sobre tipos reducidos.
Alemania y Dinamarca se oponen a esta prórroga porque consideran que prejuzga los resultados del debate, mientras que Francia quiere que la prórroga sea hasta el 30 de junio de 2009 para forzar a la UE a acelerar la toma de decisiones sobre el nuevo régimen de tipos reducidos.
GALILEO
El Ecofin debatirá de nuevo cómo obtener financiación para el sistema de radionavegación por satélite Galileo después de que se haya roto el contrato con el consorcio privado que iba a desarrollar el proyecto, del que formaban parte Hispasat y AENA, por su negativa a asumir los riesgos. Bruselas ha calculado su coste global en 3.400 millones de euros, pero las perspectivas financieras para el periodo 2007-2013 sólo contemplan 1.000 millones.
Para conseguir los 2.400 millones restantes, el Ejecutivo comunitario propone hacer uso de fondos agrícolas no utilizados correspondientes a los años 2007 y 2008. Alemania rechaza de plano esta opción y reclama que sean los países los que aporten el dinero extra a través de la Agencia Espacial Europea con el objetivo de garantizar un retorno para las empresas germanas.
Por su parte, Reino Unido y Países Bajos siguen siendo reticentes al proyecto, mientras que España acepta usar los fondos agrícolas de 2007, pero no los de 2008 porque no se puede prejuzgar que no vayan a ser necesarios.
Las posturas están todavía muy alejadas y todo apunta a que será la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de diciembre la que acabe decidiendo sobre el futuro de este proyecto.
