UE.- España denuncia que la UE no usó el castellano en el procedimiento para impugnar el reglamento de pesca de 2003

BRUSELAS 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ausencia del empleo del castellano durante el proceso de convocatoria y discusión del reglamento de pesca de la UE que entró en vigor en 2003 es uno de los cinco recursos por los que España solicita su anulación, según figura en el informe para la vista que celebrará sobre este asuntos el Tribunal de Justicia de la UE, en el que se denuncia que ni la convocatoria a las reuniones, ni éstas mismas ni los documentos que en ellas se examinaron estuvieron traducidos al español.

El informe hace referencia al recurso de anulación del reglamento pesquero que presentó España presentó en agosto de 2003 contra la Comisión Europea, en base a cinco criterios, de los que cuatro eran relativos a los niveles de referencia aplicados a cada Estado miembro en relación a su capacidad pesquera, disposicones relativas a la posibilidad de introducir mejoras en la flota, la introducción de una nueva limitación de la capacidad pesquera y la presunta "arbitrariedad" del reglamento.

Junto a estos motivos, España invocó un "vicio sustancial de forma del procedimiento de adopción del Reglamento impugnado relativo al régimen lingüístico" de la UE, ya que, según su relato de los hechos, la Comisión llamó a los representantes de los Estados miembros a una sesión del Comité de Acuicultura fijada el 15 y 16 de julio de 2003 por medio de una convocatoria "redactada en francés, inglés y alemán". Esto hizo que el representante permanente español ante la UE enviara una carta a la Comisión en la que indicaba que España "no se consideraba oficialmente convocado a dicha reunión puesto que no se había enviado convocatoria en español".

Asimismo, solicitó confirmación de la "la disponibilidad de interpretación activa y pasiva del español durante la reunión en cuestión", celebrada el 16 de julio y en la que circuló un documento de modificaciones que, una vez más, estaba redactado "únicamente en inglés", lo que motivó nuevas protestas españolas.

Por este motivo, España alega la cuestión lingüística como uno de los motivos para impugnar el reglamento y deja constar que "las notificaciones dirigidas a un Estado miembro deberán hacerse en la lengua oficial de ese Estado" y apuntó, en concreto, a que la Comisión presentó "una enmienda sustancial" escrita solo en inglés, la lengua empleada también únicamente en posteriores comunicaciones con España sobre este mismo asunto.

"La explicación de las fórmulas y las clarificaciones que se realizan afectan al conjunto de la norma, que sólo puede comprender el redactor y no las Delegaciones, que no pueden, en una reunión técnica, estudiar el documento con la serenidad y profundidad que requiere este tipo de Reglamento", alega España en su recurso ante el TUE.

En relación con motivos de retrasos en las traducciones que alegó la Comisión, España subraya que "no puede hacerse primar la pretendida eficacia sobre las garantías jurídicas de los Estados miembros".