BRUSELAS, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Eurocámara ratificará la semana que viene en Estrasburgo el acuerdo sobre el nuevo registro de productos químicos REACH que se cerró el 1 de diciembre con los Estados miembros y que obligará a las empresas a evaluar los riesgos de 30.000 productos cuyos efectos sobre la salud y el medio ambiente se desconocen.
REACH empezará a aplicarse a mediados de 2007 en base a un acuerdo que los grupos mayoritarios del Parlamento Europeo que fuentes del Partido Popular Europeo (PPE) consideró hoy que "no es perfecto" aunque sí "el mejor que podíamos lograr" mientras que fuentes de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (ALDE) afirmaron que lo apoyarán en la votación y admitieron que "las posibilidades de tener un mejor acuerdo bajo Presidencia (de la UE) de Alemania (cuya industria ha ejercido una gran presión para rebajar las exigencias) son muy pocas".
Por su parte, fuentes del Partido Socialista Europeo (PSE) estimaron que se trata de un compromiso "muy equilibrado" y esperaron que la semana que viene "haya una mayoría necesaria" para hacerlo pasar.
Los Verdes y la Izquierda Unida Europea, sin embargo, presentarán una propuesta alternativa de compromiso a favor de la obligación de sustituir más sustancias o dar más información al público, aunque fuentes ecologistas admitieron que las opciones de que sea aceptada por el resto de grupos es "relativamente débil".
Después de la ratificación por parte del Parlamento Europeo, ya solo será necesario que los Estados miembros hagan lo propio antes de final de año para que en 2007 entre en vigor un reglamento que ha sido duramente criticado por las organizaciones ecologistas porque elimina el principio de sustitución obligatoria de las sustancias más peligrosas, como las cancerígenas o las bioacumulables. Estos grupos acusaron a la UE de ceder a las presiones de la industria química, que ha rechazado el reglamento por los elevados costes que supondrá.
QUÍMICOS DE ALTO RIESGO
El punto más controvertido del acuerdo tenía que ver con la autorización de los productos químicos considerados de alto riesgos, entre 2.500 y 3.000, que el Parlamento quería obligar a sustituir, algo que rechazaban tanto los Veinticinco como la industria. El compromiso definitivo establece que para dar luz verde al uso de este tipo de sustancias, la empresa que las fabrique estará obligada a presentar un plan de sustitución para reemplazarlas por alternativas más seguras.
Cuando no haya alternativas, los productores tendrán que presentar un plan de I+D. Todas las autorizaciones tendrán una duración determinada. No obstante, se excluye de este sistema a las sustancias con propiedades de perturbadores endocrinos, aunque se establece una cláusula de revisión para comprobar dentro de 6 años con los últimos datos científicos si es necesario adoptar medidas más estrictas.
En el compromiso final la Eurocámara logró incorporar la obligación de reforzar la protección de los animales y sustituir siempre que sea posible los ensayos con animales por un método alternativo. Además, las empresas estarán obligadas a compartir todos los datos que hayan obtenido gracias a experimentos con animales. REACH podría forzar a las compañías a usar hasta 3,9 millones de animales en ensayos, según los datos del vicepresidente de la Comisión y responsable de Industria, Günter Verheugen.
La principal novedad de REACH, cuya tramitación ha durado más de tres años, consiste en que en adelante la carga de la prueba recaerá no en las autoridades públicas sino en la industria, que tendrá que demostrar que las sustancias que fabrica no son peligrosas para poder comercializarlas. Todos los productos tendrán que registrarse y los más peligrosos se someterán a un procedimiento de autorización previa.
Para responder a las preocupaciones de la industria, durante su paso por el Parlamento y el Consejo se ha suavizado considerablemente la propuesta inicial de la Comisión, y se ha decidido reducir el número de tests para más de 17.000 sustancias que se producen en pequeñas cantidades. A cambio, se aumentan las exigencias sobre los productos sobre los que se tiene indicios de que son peligrosos.
El reglamento crea una nueva Agencia Europea de Químicos, que se establecerá en Helsinki, y que será responsable de gestionar el registro de sustancias gracias a la puesta en marcha de una base de datos. También jugará un papel destacado a la hora de evaluar y autorizar las sustancias.
