UE.- El Gobierno mantiene contactos con Italia para garantizar que las expulsiones de rumanos no perjudiquen a España

BRUSELAS, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, aseguró hoy que el Gobierno mantiene contactos con las autoridades italianas desde hace semanas para evitar que los rumanos amenazados de expulsión en ese país se acaben trasladando masivamente a España. Camacho dijo que, de momento, no va a haber ningún "efecto negativo" en territorio español por estas expulsiones.

El Gobierno italiano ha aprobado un decreto que permite expulsar con carácter urgente a ciudadanos comunitarios como respuesta a la alarma social generada por el asesinato de una mujer a manos de un rumano y por otros delitos que se atribuyen a ciudadanos de esta nacionalidad.

Camacho admitió que este decreto provocó en un principio "preocupación" en el Gobierno que se "relajó" al conocer el contenido concreto de la norma. En este sentido, destacó que no se trata de expulsiones masivas sino individuales, que están sometidas a control judicial, y que los afectados serán repatriados a territorio rumano.

"A pesar de eso, desde el ministerio del Interior llevamos semanas hablando con las autoridades italianas a efectos de evitar cualquier perjuicio o cualquier efecto negativo en territorio español", dijo Camacho. "En este momento no parece existir ningún perjuicio que pueda producirse a nuestra política de control de la inmigración por la ejecución de esa ley italiana", agregó.

Explicó que el propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba abordó la cuestión con su homólogo italiano en una reciente reunión comunitaria en Varsovia.

Camacho recalcó que la ley de extranjería contiene "mecanismos" que permitirían la repatriación de ciudadanos comunitarios "por afectar a la seguridad nacional" si se da una situación similar a la italiana. Añadió que si se produce un problema de orden público intervendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, indicó que "no se puede ni criminalizar ni demonizar a un colectivo porque pertenezca a un determinado país -en este caso estamos hablando de los rumanos y de Rumanía- sólo porque existan ciudadanos que pertenecen a ese país que delinquen o que alteran el orden público".

"Son cientos de miles de rumanos los que viven en España de forma legal que trabajan, que tienen un contrato legal, que están afiliados a la seguridad social y que contribuyen con sus impuestos al bienestar de nuestra sociedad", indicó.

A su juicio, España está trabajando "en el buen camino" para lograr la integración de los inmigrantes y ha aumentado un 720% las ayudas destinadas a estas políticas, que han pasado de 40 millones de euros en 2003 a más de 300 en 2007.