LUXEMBURGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, dijo hoy que el Gobierno quiere consensuar con el resto de fuerzas políticas parlamentarias la ampliación del plazo máximo de internamiento de los inmigrantes irregulares indocumentados, que hoy está en 40 días, para que sea "eficaz" y permita llevar a cabo las expulsiones. Camacho avanzó que el aumento del plazo será "racional" y no agotará el límite máximo de 6 meses prorrogables a 18 que fija la norma de la UE sobre repatriaciones.
Camacho recordó que la ampliación del plazo ya ha sido anunciada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por considerar que los 40 días que marca la ley de Extranjería son un periodo "extraordinariamente breve", sobre todo "si hacemos una comparativo con el resto de los países de la UE".
En todo caso, el secretario de Estado de Seguridad subrayó que "no hay ninguna vinculación directa" de este cambio legislativo con la directiva de retorno, aprobada este jueves por los ministros del Interior de los Veintisiete, porque esta medida ya figuraba en el programa electoral con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones.
"En todo caso, estamos hablando de un crecimiento racional de ese plazo, no hay que equivocar lo que es el plazo máximo que establece la directiva con el plazo del que estamos hablando", subrayó. "Se trata de una medida que pretende ser consensuada y que todos los partidos del arco parlamentario estén de acuerdo en que el plazo sea un plazo eficaz", agregó.
El objetivo de esta ampliación del plazo de internamiento, prosiguió, es "lograr que las expulsiones puedan llevarse a cabo", ya que hay algunos países con los que España tiene acuerdos de readmisión, como Rusia, con los que la tramitación necesaria ya supera el plazo de 40 días. Camacho recordó que en España cualquier internamiento de un inmigrante pendiente de expulsión está sometido en todo momento a control judicial para proteger sus derechos.
El secretario de Estado de Seguridad reiteró que el Gobierno considera "muy importante" la directiva de retorno porque es una pieza necesaria para construir una política común de la UE en materia de inmigración. "La política de inmigración de nuestro país se basa en que sólo es posible la inmigración legal. La inmigración ilegal debe conducir a la expulsión de aquellos que entren ilegalmente en nuestro país", apuntó.
Insistió en que la directiva establece un "mínimo común garantista" para todos los países de la UE. "Esta directiva establece un plazo máximo (de internamiento) allí donde no lo había, establece una serie de garantías de inexcusable cumplimiento para llevar a cabo las expulsiones en relación a países en donde no las había", afirmó.
En cuanto a su impacto en la legislación española, el secretario de Estado de Seguridad señaló que será mínimo, puesto que "nosotros tenemos probablemente el sistema o uno de los sistemas más garantistas de toda Europa, con un plazo breve de tiempo, con un control judicial en todos los supuestos, con unas resoluciones que pueden ser objeto de impugnación".
