Los principales puntos de discusión son la desvinculación de las ayudas a los transformados y las medidas de gestión de crisis
BRUSELAS, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE cerrarán previsiblemente un acuerdo político sobre la reforma del sector de las frutas y hortalizas en la reunión que celebrarán en Luxemburgo mañana y el martes y en la que los dos principales puntos de discusión son el relativo al desacoplamiento de las ayudas que reciben las frutas y hortalizas que se destinan a la transformación y los instrumentos de gestión de crisis con los que podrán contar los productores para el sector del fresco.
Fuentes comunitarias consideraron que, a pesar de que las discusiones se pueden prolongar hasta la madrugada del martes, el acuerdo es posible. "Estamos a un 99% del acuerdo", dijeron en la Comisión Europea.
La reforma de la organización común del mercado (OCM) de frutas y hortalizas afecta a una actividad que concentra alrededor del 17% de la producción agrícola de la UE y que en España representa es el primer sector agrícola, con cerca del 30% total, que se supera en comunidades como Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Según la propuesta que la Comisión Europea presentó el pasado 24 de enero, el nuevo régimen, que entrará en vigor en enero de 2008, mantendrá un "presupuesto neutro", de unos 700 millones de euros anuales, que en caso de España es de unos 486 millones.
De momento, los dos puntos más importantes que quedan por cerrar son los relativos a la desvinculación de las ayudas a los transformados y las medidas de gestión de crisis.
En el primer caso, la Comisión propuso en enero eliminar desde la entrada en vigor de la reforma los subsidios ligados a la producción para las frutas y hortalizas destinadas a la transformación para pasar a un sistema de pago único. En la actualidad, Bruselas ya se muestra dispuesta a aceptar una "transición", como piden algunos países, entre ellos España.
En concreto, España pide "un periodo de adaptación que dure tres o cuatro años" para los productos de "doble uso", aquellos que pueden destinarse indistintamente al fresco o al transformado, para que haya una ayuda condicionada a una entrega mínima a la industria. Con ello quiere evitar un doble perjuicio: que la industria se quede sin género para transformar debido a que los productores ya no recibirán ayudas para ello y que se produzca una caída de precios en el sector fresco por el aumento del género.
Fuentes diplomáticas señalaron que Portugal tendría una posición parecida, mientras que Italia pide una ayuda del 50% para el tomate y Francia que se mantenga el sistema directamente, una posición desde la que ha evolucionado Grecia, que ahora pide el desacoplamiento total de los subsidios.
Por este motivo, indicaron que la discusión se centrará tanto en el principio de pasar las ayudas directas al pago único y también en la duración del periodo de transición que piden algunos países y que la Comisión quiere que sea "corto".
GESTIÓN DE CRISIS
Por su parte, el sector del fresco de la OCM no tiene ayudas directas y las subvenciones se canalizan a través de las organizaciones de productores (OP) que Bruselas quiere potenciar a través de la reforma. Para ello, propone incrementar la cofinanciación del 50% al 60% en algunos supuestos, como para potenciar la asociación entre OP, para las regiones con menos cantidad de ellas o para las que se encuentran en regiones ultraperiféricas.
Según Bruselas, los fondos operativos de las OP deben ser también los instrumentos encargados de financiar las medidas de gestión de crisis, mientras que países como España pedían una línea presupuestaria independiente.
La Comisión se mantiene en su negativa, pero esta semana presentó una nueva propuesta para cofinanciar al 50% los intereses que generen los créditos que pidan los productores de frutas y hortalizas para hacer frente a situaciones de crisis en el sector.
Según explicaron las fuentes, la Comisión "todavía tiene que desarrollar" una idea que consistiría en sufragar con fondos comunitarios el 50% de las amortizaciones y de los intereses de los créditos que soliciten los productores a la banca, a precios de mercado, para paliar las crisis.
De momento, sin embargo, afirmaron que "España cree que supone una mejora de la gestión de crisis, porque con el pago del 50% de las amortizaciones y los intereses se aumenta la aportación comunitaria" y confiaron que en la propuesta tengan cabida todos los productores y no sólo los que se integren en las organizaciones de productores.
Otro punto relativo a los fondos operativos de las OP y sobre el que también se ha producido un movimiento antes del Consejo tiene que ver con la obligación que defendía la Comisión inicialmente de que el 20% de estos recursos debían utilizarse para acciones de promoción del medio ambiente.
España se situó entre los países que consideró que este umbral era demasiado elevado y apoyó que, en su lugar, se identificaran una serie de acciones relativas al medio ambiente. Como había otros Estados miembros que sí querían el 20%, la propuesta actual incluye las dos opciones, o realizar dos acciones mínimas o emplear en este ámbito un 20% del fondo operativo.
En otro orden de cosas, la propuesta legislativa de la Comisión contempla también la eliminación de los subsidios a la exportación y actividades de promoción del consumo de frutas y hortalizas.
OTROS PUNTOS DEL CONSEJO Se espera también un acuerdo sobre la creación de la "OCM única" que reunirá en cuatro, mercados, desarrollo rural, financiación y formación, los 21 que ahora componen la Política Agrícola Común (PAC) y también sobre la definición y las nuevas características de la "agricultura ecológica".
En la parte dedicada a temas pesqueros del Consejo, los ministros aprobarán sin discusión los totales admitidos de captura (TAC) y las cuotas para 2007 del atún rojo, de acuerdo con el acuerdo en el seno de la Comisión Internacional para el Atún del Atlántico Norte (ICAAT), que también prevé un plan de recuperación de la especie y los planes de recuperación de las anguilas y angulas europeas.
Se espera que el Consejo ratifique también el acuerdo pesquero entre la UE y Groenlandia, que ya se aplica y en el que España tiene cuota ara pescar alrededor de 875 toneladas de cangrejo de las nieves.
Sin embargo, este punto generará un debate sobre la su modificación para que se permita la transferencia de licencias entre unos países y otros cuando los titulares iniciales no vayan a utilizarlos, tal y como se hace en el resto de acuerdos pesqueros. España apoya esta medida que cuenta con la oposición de Reino Unido y Dinamarca.
