MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Casi dos millones de cameruneses se enfrentan a una "emergencia humanitaria", y casi la mitad de ellos son niños, debido al incremento de la violencia en las regiones de mayoría anglófona de Camerún, según ha alertado este martes la portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Marixie Mercado.
La inseguridad y el difícil acceso a algunas carreteras del país ha dejado al 65 por ciento de la población de las regiones Noroeste y Suroeste sin ayuda humanitaria, debido a que los cooperantes no pueden movilizarse y corren el riesgo de ser capturados por grupos armados como rehenes, según ha explicado.
"Lo que comenzó como una crisis política en las regiones Noroeste y Suroeste es ahora una emergencia humanitaria que se deteriora rápidamente", ha dicho Mercado, en relación a la violencia separatista que comenzó en 2017 por la discriminación contra las regiones de habla inglesa del país.
"Se estima que cerca de 1,9 millones de personas, de las cuales la mitad son niños, se encuentran en estado de emergencia, lo que representa un aumento del 80 por ciento comparado con 2018 y de casi 15 veces desde 2017", ha enfatizado.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha explicado que la seguridad vial en áreas urbanas y rurales ha empeorado, especialmente en la Región Noroeste, y que las violaciones de los Derechos Humanos siguen siendo cometidas tanto por los separatistas como por las fuerzas gubernamentales.
"Detenciones arbitrarias, incendios de pueblos y asesinatos indiscriminados de civiles se llevan a cabo con impunidad", señala el último reporte de la OCHA, publicado el lunes.
Mercado ha apuntado que esta situación ha provocado el cierre de cientos de escuelas, lo que impide que los más jóvenes no puedan recibir educación. "Tres años de inestabilidad y violencia han dejado 855.000 niños fuera de la escuela", ha denunciado.
NIÑOS QUE VIVEN CON MIEDO
La portavoz ha indicado que "miles de niños viven con miedo", pero también "padres y maestros que no asisten a sus trabajos". De este modo, nueve de cada diez escuelas primarias --más de 4.100-- y cerca de ocho de cada diez escuelas secundarias --744-- permanecen cerradas o no operativas desde que comenzó el año escolar en septiembre.
A raíz de esto, las comunidades se han organizado para llevar a cabo actividades educativas. Además, UNICEF ha comprado libros y otros materiales de aprendizaje para 37.000 niños en edad escolar y ha lanzado lecciones especiales en su programa de radio.
Sin embargo, el miedo a la inseguridad continúa obstaculizando el trabajo humanitario, con 529 incidentes de seguridad registrados desde principios de año, según UNICEF. Desde agosto, numerosas organizaciones humanitarias han sido víctimas de extorsiones y de toma de rehenes. En los últimos dos meses se registraron cinco de un total de siete ataques contra trabajadores humanitarios.
"En la Región Suroeste, el acceso ha mejorado un poco, por lo que hemos podido realizar más misiones durante el segundo trimestre del año, en comparación con el primero, y llegar a lugares que no han sido accesibles durante un año o más", ha subrayado Mercado.
SECUESTROS EN EL CAMINO AL COLEGIO
Por su parte, el portavoz de la OCHA, Jens Laerke, ha condenado los ataques contra los trabajadores humanitarios y ha criticado el secuestro de tres niñas en edad escolar el mes pasado. "Los secuestros a los estudiantes que llevan a cabo los grupos armados son terroríficos y deben ser condenados", ha dicho.
Laerke ha apostillado que la falta de fondos sigue siendo un problema importante en Camerún y ha agregado que, de 299 millones de dólares (unos 270 millones de euros) que corresponden para 2019, solo el 41 por ciento ha sido financiado.
En mayo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, acogió con beneplácito la decisión del Gobierno camerunés de trabajar de la mano con la organización, para buscar soluciones efectivas a la crisis humanitaria.
LA CRISIS EN LAS ZONAS ANGLÓFONAS
Lo que en 2016 empezaron siendo protestas pacíficas de los habitantes de estas regiones, otrora colonias británicas pero que decidieron unirse al Camerún francés, por su supuesta marginación por parte del Gobierno central, derivó en una dura represión a raíz de la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.
Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos, han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.
En un intento para resolver la crisis, el mandatario del país, Paul Biya, convocó a finales de septiembre un diálogo nacional y ordenó la liberación de más de 300 personas detenidas en relación con el conflicto. El veterano presidente, que gobierna el país desde 1982, se dijo dispuesto a considerar "con atención" las recomendaciones formuladas por los participantes en el diálogo.
