BRUSELAS, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) alertó hoy de que el Gobierno de Uzbekistán sigue negándose a permitir una investigación independiente e internacional sobre la muerte de centenares de personas desarmadas durante las manifestaciones de mayo de 2005 en la ciudad de Andiyán (este), y advirtió de que el diálogo sobre Derechos Humanos abierto por la Presidencia alemana de la UE con Uzkebistán "carecerá de credibilidad si se permite que las autoridades uzbecas sigan cometiendo graves violaciones con impunidad".
"En vísperas de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en la que se evaluará la actual política europea sobre Uzbekistán, Amnistía Internacional declara que el segundo aniversario de los homicidios perpetrados en la localidad uzbeca de Andiyán es un triste recordatorio de los graves problemas que sufre este país en materia de Derechos Humanos", afirmó AI en un comunicado.
"El hecho de que el Gobierno se siga negando a permitir una investigación independiente e internacional sobre los homicidios de centenares de personas desarmadas en mayo de 2005 hará que las relaciones de la UE con Uzbekistán sigan siendo tensas", prosiguió la organización.
Asimismo, Amnistía denunció "algunos sucesos recientes" de violaciones de Derechos Humanos. Sólo este año, "al mismo tiempo que la Presidencia de la UE adoptaba medidas para establecer un diálogo sobre derechos humanos con Uzbekistán, dos personas integrantes del colectivo de defensores de los Derechos Humanos y una persona que ejerce el activismo político han sido condenadas a largas penas de cárcel".
"Estas tres personas estaban relacionadas de un modo u otro con los homicidios de Andiyán", afirmó AI, que expresó su convencimiento de que han sido condenadas, al igual que otras personas, por cargos de motivación política. Por ello, pidió a la Presidencia de la UE que solicite "la puesta en libertad inmediata e incondicional" de las personas consideradas presos de conciencia.
"La puesta en libertad de Umida Niazova no fue incondicional y la suspensión de la pena, concedida justo antes de que la UE comenzara el nuevo diálogo sobre Derechos Humanos, muestra numerosos aspectos preocupantes", señaló el director de la Oficina ante la UE de Amnistía Internacional, Dick Oosting.
"El establecimiento de este diálogo carecerá de credibilidad si, al mismo tiempo, se permite que las autoridades uzbecas sigan cometiendo graves violaciones con impunidad", agregó Oosting.
En su carta dirigida a la Presidencia de la UE, la organización denunció también el deterioro de la libertad de expresión y reunión en Uzbekistán, las persistentes denuncias de torturas u otros malos tratos generalizados a personas detenidas, el retorno forzado de personas presuntamente relacionadas con los homicidios de Andiyán y la negativa de las autoridades uzbecas a imponer una suspensión de las ejecuciones, a pesar del decreto presidencial en el que se declaraba abolida la pena de muerte a partir de 2008.
"Ante unos problemas de Derechos Humanos tan graves y numerosos, la UE no puede enviar un mensaje equivocado a Uzbekistán ni, de hecho, a toda la región de Asia Central", indicó Dick Oosting. "Debe mantenerse firme, seguir comprometida con los llamamientos efectuados en el pasado, como el formulado en favor de una investigación adecuada de los sucesos de Andiyán, y dispuesta a formular nuevos llamamientos en defensa de las personas injustamente detenidas", añadió.
LOS HECHOS DE ANDIYÁN
El 13 de mayo de 2005, las fuerzas de seguridad de Uzbekistán dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes que se habían congregado en la ciudad de Andiyán para expresar sus quejas por las políticas represivas del Gobierno y la pobreza generalizada.
Cientos de presuntos participantes en las protestas fueron detenidos, y al parecer, muchos de ellos sufrieron torturas o malos tratos, según las organizaciones de Derechos Humanos. Cientos más huyeron a la vecina Kirguistán en busca de refugio. Decenas de personas, aseguró Amnistía, fueron juzgadas y condenadas en procedimientos que incumplieron las normas internacionales sobre imparcialidad procesal.
En respuesta a la continua negativa de Uzbekistán a permitir una investigación internacional independiente sobre los homicidios, en noviembre de 2005 la Unión Europea anunció un embargo de sus ventas de armas y transferencias militares a Uzbekistán, y la prohibición durante un año de conceder visados a 12 ministros y altos cargos del Gobierno.
En diciembre de 2005, la Asamblea General de la ONU expresó honda consternación por la negativa de Uzbekistán a permitir una investigación internacional e instó a las autoridades a que cesaran su "hostigamiento y detención de testigos presenciales".
