NUEVA YORK, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Una enmienda constitucional propuesta por la Comisión Mixta pro gubernamental de la Asamblea Nacional venezolana permitiría eliminar la prohibición constitucional de suspender derechos en estado de excepción, señaló hoy Human Rights Watch (HRW).
La Constitución de Venezuela protege de su suspensión en caso de estado de excepción el derecho a la defensa y la asistencia jurídica; el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo; el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo; el derecho de un acusado a conocer los cargos y las evidencias que obran en su contra y el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
"Esta enmienda, de ser aprobada, permitiría al Presidente Hugo Chávez declarar un estado de excepción para justificar la suspensión de ciertas garantías fundamentales que el derecho internacional califica como no derogables", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
La organización pro derechos humanos advirtió de que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico internacional, varios de estos derechos son considerados tan fundamentales que un país no puede sustraerse de su obligación de respetarlos en cualquier circunstancia, incluso durante un estado de excepción. Así lo han establecido tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, las enmiendas propuestas eliminarían plazos previamente establecidos en la Constitución que limitan la duración de los estados de excepción. También se suprimiría la obligación del Tribunal Supremo de examinar el decreto que establece y regula el estado de excepción. Asimismo, desaparecería la disposición constitucional según la cual el decreto que declara la excepción debe cumplir "con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Los promotores de la enmienda argumentan que el Gobierno necesita contar con la potestad de suspender los derechos bajo protección, incluido también el derecho a la información, en caso de que se produzca otro intento de golpe de Estado como el ocurrido en abril de 2002 contra el Presidente Chávez.
"La historia reciente de América Latina demuestra que, precisamente durante los estados de emergencia, se hace necesario garantizar una sólida protección jurídica para prevenir abusos", dijo Vivanco. "De no existir dichas garantías, lo que históricamente ha prevalecido es el ejercicio brutal del poder", añadió.
