Publicado 10/01/2020 12:11CET

La violencia interétnica en Ituri (RDC) podría constituir "crímenes contra la Humanidad", según la ONU

Desplazados por la violencia en Ituri (RDC) llegan a Uganda
Desplazados por la violencia en Ituri (RDC) llegan a Uganda - GETTY IMAGES / JACK TAYLOR - Archivo

La investigación de Naciones Unidas cifra en más de 700 los muertos en la región, principalmente hemas a manos de lendus

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los asesinatos, las violaciones y otras formas de violencia contra la comunidad hema en la provincia en Ituri, en el este de República Democrática del Congo (RDC) registrados entre finales de 2017 y septiembre de 2019 podrían constituir "crímenes contra la Humanidad".

Así se desprende del informe publicado este viernes sobre la investigación llevada a cabo por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) en el país.

Según la misma, al menos 701 personas fueron asesinadas y otras 168 resultaron heridas en las tensiones entre las comunidades hema y lendu en los territorios de Djugu y Mahagi en el periodo señalado. Además, al menos 142 personas han sido víctimas de violencia sexual. La mayoría de las víctimas fueron hema.

De acuerdo con los investigadores de la ONU, desde septiembre de 2018, los grupos armados lendu se han vuelto cada vez más organizados en sus ataques contra hemas y miembros de otros grupos étnicos como los alur. Entre sus objetivos figura el hacerse con el control de las tierras de las comunidades hemas y sus recursos.

El informe documenta numerosos casos de mujeres violadas, de niños asesinados y de saqueos e incendios de localidades. "La barbaridad que caracteriza estos ataques, incluida la decapitación de mujeres y niños con machetes, el desmembramiento y la mutilación de órganos de las víctimas como trofeos de guerra refleja el deseo de los atacantes de infligir un trauma duradero a las comunidades hema y forzarlas a huir y no regresar a sus localidades", han denunciado.

En este sentido, los investigadores han subrayado en su informe que "la violencia documentada podría contener algunos elementos de crímenes contra la Humanidad" entre los que han citado "asesinato, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, saqueo y persecución".

Por otra parte, han denunciado que la mayoría de los ataques ocurrieron en junio, en torno al periodo de recolección, y en diciembre, durante la temporada de siembra, "lo que dificulta a los hema el poder cultivar sus campos y exacerba su falta de alimentos".

Como resultado de la violencia, según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), casi 57.000 personas se han refugiado en Uganda y más de 556.000 han huido hacia las regiones vecinas desde febrero de 2018. Según el informe, algunos campamentos y localidades donde se habían refugiado los hema han sido atacados, quemados y destruidos por grupos armados lendu.

ACTOS DE REPRESALIA POR PARTE DE HEMAS

Asimismo, los investigadores de la ONU también han documentado entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 actos de represalia por miembros de comunidades hema, incluida la quema de aldeas y ataques aislados contra lendu.

El informe denuncia que ni el Ejército ni la Policía, desplegados desde febrero de 2018, han conseguido frenar la violencia e incluso sus miembros han cometido abusos como ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y arrestos arbitrarios por los que han sido condenados ya dos agentes de Policía y dos soldados.

Así las cosas, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recomienda a las autoridades congoleñas que aborden las causas en la raíz del conflicto, como el acceso a recursos, y mantenga los esfuerzos de reconciliación en curso entre las dos comunidades.

Igualmente reclama que se refuerce la presencia de las instituciones del Estado y de las Fuerzas Armadas en la zona con el fin de garantizar la seguridad de todas las comunidades y su cohabitación pacífica.

Por último, instan a las autoridades a llevar a cabo una investigación independiente e imparcial sobre la ola de violencia, además de garantizar el derecho a la reparación para las víctimas y su acceso a atención médica y psicosocial.