Aprobado el reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de decreto que desarrolla el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar, dando así cumplimiento a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en su artículo 51.5 atribuye a la Administración autonómica la creación de los PEF.

Esta norma dota a estos recursos de un régimen específico, no sólo como un instrumento para hacer efectivo el régimen de visitas establecido en una resolución judicial o administrativa, sino como un verdadero servicio público de asistencia, orientación y mediación familiar, al que puedan ser derivadas aquellas familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo.

Para ello, como su propio nombre indica, regula el régimen de funcionamiento de los PEF, determina los profesionales mínimos de los que deben estar dotados, el procedimiento de derivación y los derechos y obligaciones de las personas usuarias

En cuanto a los requisitos de personal, exige la existencia de un equipo técnico interdisciplinar que cuente con una organización y esté compuesto, como mínimo, por tres profesionales con titulación en Psicología, Trabajo Social y Educación Social, además de formación acreditada en materia de igualdad, violencia de género y atención a la diversidad.

Dispone, igualmente, las condiciones de su ubicación, exigiendo que estén situados en el casco urbano o próximos a este, en locales o pisos integrados en la comunidad, en zonas con buena comunicación mediante transporte público, así como cercanos o con fácil acceso a plazas o jardines públicos.

Además fija los requisitos y distribución que tienen que tener sus instalaciones, como son disponer de espacio suficiente que permita desarrollar todas las actuaciones previstas: salas de visita, de entrevistas, zona de recogida y entrega de los menores y un área de juego infantil.

Asimismo, establece la obligación de contar con un reglamento interno de organización y funcionamiento, en el que se deben respetar las normas comunes que contiene este documento, y la posibilidad de que las personas usuarias puedan presentar sugerencias, reclamaciones y quejas.

El Gobierno resalta que se crea, asimismo, el Registro de Puntos de Encuentro Familiar, donde deberán figurar todas las entidades públicas y privadas que presten este servicio. Las que se encuentran funcionando en la actualidad tendrán un año para adaptarse a las prescripciones de esta norma.

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un espacio neutral e idóneo para facilitar la relación de las personas menores de edad con sus progenitores y demás familiares, en aquellos supuestos en los que esta relación resulte dificultosa y así lo haya determinado una autoridad judicial o administrativa.

INICIATIVA PRIVADA

Así, se trata de un recurso social especializado de Responsabilidad pública, pudiendo establecerse tanto por la Administración autonómica como por los cabildos insulares y los ayuntamientos de canarias.

No obstante, también se permite la iniciativa privada, a través de entidades sociales o del tercer sector reconocidas e inscritas en los correspondientes registros de acuerdo a la normativa de servicios sociales.

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, nueve de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias, uno cuya gestión y competencia corresponde al Cabildo de Gran Canaria y otro especializado en violencia de género (Telde) con cargo a los Fondos del Pacto de Estado.

Desde el año 2019 se ha desarrollado una estrategia destinada a favorecer la extensión de estos servicios a través de la concesión de subvenciones a entidades con experiencia y formación en este ámbito.

En tal sentido, se han creado cinco PEF y se ha incrementado notablemente el presupuesto dedicado a esta línea de actuación (de 600.000 euros en 2020 a 920.000 euros en 2022), además de una línea específica de financiación apoyada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero con el fin de especializar a los PEF y que den una respuesta específica a esta realidad.

La red, en concreto, está integrada por tres PEF en Gran Canaria -uno promovido por el Gobierno en San Bartolomé de Tirajana, otro a cargo del Cabildo y un tercero especializado en violencia de género que financia el Estado-, tres en Tenerife y uno en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma -con dos sedes, Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane-, La Gomera y El Hierro.

400 FAMILIAS USUARIAS

Los PEF ubicados en El Hierro, La Gomera, La Palma y Santa Lucía de Tirajana son gestionados por Cruz Roja Española; los situados en Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y Fuerteventura, por la Fundación canaria 'Centro de Atención a la Familia de Tenerife'; el que está en Lanzarote, por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial '+ Familia' y el emplazado en Arona por la Asociación 'Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades'.

Según los últimos datos recabados por la Viceconsejería de Justicia, que dirige Carla Vallejo, el número de familias que utilizan los PEF supera las cuatrocientas, existiendo, en algunos de ellos, lista de espera para poder hacer uso del servicio que prestan.

El reglamento ahora aprobado incluye la posibilidad de que en los PEF se lleven a cabo actuaciones de mediación y orientación familiar, ofreciendo a las personas usuarias herramientas para el desarrollo de sus habilidades parentales y la superación de los conflictos existentes.

La actuación de los PEF se guía, como principio fundamental, por el superior interés del niño, niña y adolescente, debiendo desarrollarse sus funciones bajo las máximas de neutralidad y objetividad, confidencialidad y protección del derecho a la intimidad, temporalidad, gratuidad y profesionalidad, integrando a su vez la perspectiva de género en todas sus actuaciones.

Sus objetivos principales son cuatro: facilitar el encuentro y relación del niño, niña y adolescente con sus progenitores y otras personas integrantes de su familia, en un espacio neutral, seguro y libre de violencia, garantizando su bienestar psíquico, afectivo y emocional; orientar y promover la autonomía de las personas usuarias, facilitándoles las herramientas necesarias para que sean capaces de relacionarse y comunicarse con las personas menores, sin la ayuda ni supervisión de este servicio; informar regularmente a los órganos de los que derivó su uso de la evolución de los encuentros y visitas, de las incidencias que se puedan producir y, si es necesario, realizar propuestas sobre el ejercicio de los derechos de relación y comunicación, y prestar, en su caso, servicio de mediación familiar para la consecución de acuerdos que permitan la resolución de una crisis familiar y el adecuado ejercicio de los derechos de los usuarios.