Actualizado 17/02/2007 21:00 CET

Las asociaciones judiciales canarias critican la "siembra de alarmismo" de CC y PP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las secciones territoriales de Canarias de la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia, han hecho público hoy un comunicado en el que afirman que "haciéndonos eco del malestar y preocupación instalados en el colectivo judicial por las distintas manifestaciones de responsables públicos que se vienen sucediendo en diferentes medios de comunicación y en conocidos casos de repercusión mediática y social, observamos la siembra de alarmismo y de la sospecha generalizada de instrumentalización partidista del sistema judicial al servicio de intereses espurios".

Critican que se esté "tergiversando la realidad judicial y jurídica, interpretándola de manera sesgada según tenga correspondencia o no con sus planteamientos, criterios o intereses partidistas", y lamentan que se esté "poniendo en entredicho el quehacer profesional de algunos jueces y tribunales, que actúan y desarrollan su labor en los asuntos de relevancia mediática hasta el extremo de llegar a descalificaciones intolerables".

"Expresamos", agregan, "nuestra contrariedad y rechazamos esas actuaciones que se califican de desacertadas e inoportunas. No se puede ni se debe desmerecer pública y abiertamente la independencia, objetividad e imparcialidad que constitucionalmente se le reconoce al Poder Judicial, so pena de dañar de manera irreparable la confianza en el sistema y por ende en el Estado de Derecho".

Por todo ello, "consideramos procedente recordar que el Poder Judicial es uno de los tres Poderes del Estado y exigimos el respeto que institucionalmente se merece; que los responsables políticos y actores sociales tienen la obligación de auxiliar a los Tribunales de Justicia y de colaborar con la Administración de Justicia, (art. 118 de la Constitución Española); que todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y que los Tribunales tienen la obligación de investigar e instruir los hechos que son objeto de denuncia con absoluto respeto a los derechos de los ciudadanos, y que por ser los primeros interesados en preservar las garantías procesales del justiciable exigimos que se investiguen las filtraciones producidas y se depuren responsabilidades".

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