Los bomberos de Gran Canaria dicen que el Consorcio de Emergencias pretende implantar una jornada laboral "ilegal"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ha lamentado este viernes que el Cabildo de Gran Canaria, del que es dependiente este organismo, pretende implantar una jornada laboral "ilegal", como así lo han puesto de manifiesto las sentencias del Tribunal Supremo (TS).

Al respecto, señala que los decretos 118/2021 y 119/2021 del Consorcio de Emergencias, con los que se pretende cumplir las sentencias de la sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2021, muestran "una vez más", que el Consorcio "no tiene ninguna intención de acatar y cumplir las resoluciones judiciales y pretende seguir huyendo hacia adelante, perjudicando gravemente los derechos de la ciudadanía de Gran Canaria y de los propios trabajadores".

En este sentido, la junta de personal ha afirmado que el Consorcio "solo tiene intención de volver a aplicar" a sus trabajadores una jornada "calificada reiteradamente como ilegal por parte del TS, que ya ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la misma hasta en cuatro ocasiones", según ha informado CCOO en nota de prensa.

En concreto, indican que el TS ha expuesto, "de manera reiterada", que en el momento de la entrada en vigor de la disposición adicional 71 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012 "nadie discutía que la jornada laboral de los bomberos de Gran Canaria respetaba el límite mínimo de 37,5 horas y que esas 37,5 horas semanales se correspondían con 56 o 57 guardias anuales".

Asimismo, han indicado que la "renuencia" del Consorcio de Emergencia a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo "se muestra con mayor claridad en el hecho insólito" de determinar que de las resoluciones judiciales "no se deriva una deuda con los trabajadores" cuando, entienden, que es "impensable" en una administración pública, que un "cargo público afirme que se reconoce a 226 funcionarios públicos que estos han trabajado cientos de horas indebidas, pero que a los mismos no le corresponde cobrar nada por ellas".

Además, añade, que detrás de esta forma de proceder está la "negativa de los cargos políticos" para aumentar la plantilla de bomberos hasta un nivel en que la misma pueda cumplir con la normativa de aplicación y garantizar la seguridad de la ciudadanía, mientras que lamentan que "no existe la misma reticencia para incrementar el número de asesores u otros gastos políticos improductivos".

Por todo ello, la junta de personal ha puesto en conocimiento de su equipo jurídico estos hechos, por si pudieran resultar constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, asegurando que "no dudarán en iniciar las acciones que resulten procedentes contra los posibles responsables del mismo".