Canarias amplía en 878.506 euros la partida para atender a personas judicialmente incapacitadas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a incrementar en 878.506 euros la partida destinada a poder cumplir con las resoluciones judiciales de curatela legal de personas judicialmente incapacitadas.

Con esta ampliación de crédito se busca garantizar la cobertura financiera a las labores de curatela legal que lleva a cabo la Dirección General de Mayores y Participación Activa, a través de la entidad pública Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), encargada de atender las necesidades de las personas cuya capacidad haya sido judicialmente modificada.

La tendencia alcista de los datos de personas que pasan a estar bajo la tutela del Gobierno canario por resolución judicial se ha ido incrementando considerablemente en los últimos años, de hecho, la previsión del servicio de Gestión de Medidas de Apoyo Cautelar para este año es de unas 224 nuevas altas, informa el Gobierno en una nota.

A fecha diciembre de 2024, la Fundación FUCAS atendía a un total de 842 personas que, por sus diversos perfiles, han pasado a estar bajo la curatela de la Administración pública.

La cifra de personas con incapacidad judicial atendidas por FUCAS en el año 2020 era de 340 personas, 502 menos que en 2024, lo que supone que el porcentaje de personas atendidas por el servicio de curatela del Gobierno canario se ha incrementado en más del 147,6%.

Las personas atendidas por FUCAS son personas a cuya incapacitación se ha llegado mediante un proceso judicial, en el que se ha evaluado la situación de la persona y se determinado la necesidad de medidas de apoyo por parte de la administración pública.

Entre las circunstancias que se producen para que la persona pase a estar bajo la curatela de la Administración se encuentran algunas como estar sometida a un proceso de deterioro cognitivo; contar con una patología mental o dual, con problemas de drogadicción o trastorno mental.

En todo caso, se trata de personas con necesidades sociales que no son cubiertas ni por ellas ni por su entorno familiar, por lo que son los tribunales de justicia los que asignan la curatela y las medidas de apoyo a la Consejería de Bienestar Social, pasando a ser atendidas por la Fundación FUCAS, resalta el Gobierno.