Canarias cifra en 13 millones la implantación de la Ley de eficiencia judicial con una "falta" de financiación estatal

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha estimado en 13 millones de euros el coste de la implantación en Canarias de la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aunque, advierte, "la cifra puede ser aún mayor". El departamento regional ha reiterado así su queja ante una "falta" de financiación estatal.

En un comunicado, la responsable del área, Nieves Lady Barreto, ha ahondado asimismo en la que ha sido una reivindicación de las islas reflejada en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia. De este modo, se ha trasladado al ministro de Justicia el "enorme esfuerzo presupuestario" que deben asumir "en solitario", a lo que se suman un establecimiento de plazos "inasumibles".

Por otro lado, la consejera ha informado que ya se ultima la puesta en marcha de la primera fase, prevista para el 1 de julio, a la vez que ya se tramita junto a la Consejería de Hacienda una modificación presupuestaria para los primeros seis millones de euros que se precisen.

CAMBIOS PREVISTOS

Puntualiza el departamento regiona que con la Ley, 220 juzgados unipersonales existentes en Canarias se convertirán en 19 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial. Se contempla también la creación de Oficinas Judiciales y se transforman 69 juzgados de paz en Oficinas de Justicia Municipal.

Lady Barreto ha explicado que la aplicación de la Ley supone la negociación y aprobación de nuevas relaciones de puestos de trabajo (RPT), además de creación de jefaturas de servicios que no existían hasta ahora y que también tienen coste económico, a lo que se suma la dotación de medios informáticos y la financiación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).

En este sentido, ha señalado que el Gobierno ha apostado por incentivar "al máximo" la política de acuerdos para reducir los litigios.

"La Ley establece este requisito previo para la jurisdicción civil y mercantil, y en las islas se estimularán los resultados aplicando el baremo con el mayor incentivo económico a los profesionales de la abogacía de justicia gratuita que finalizan la negociación con acuerdo", ha indicado.