Canarias, segunda comunidad en la que más baja la lista de espera en dependencia en lo que va de año, con un 33,5%

Archivo - Una persona mayor con bastón.
Archivo - Una persona mayor con bastón. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 23 octubre 2026 15:33

El archipiélago aún tiene más de 14.000 personas y encabeza el limbo de la dependencia pero el tiempo miedo cae ya hasta los 214 días

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canarias es la segunda comunidad autónoma en la que más ha bajado la lista de espera en dependencia en los primeros nueves meses del año al caer un 33,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, solo por detrás de Asturias (-34,7%), según el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

No obstante, las islas ocupan el cuarto puesto con un total de 14.638 personas --7.385 menos en el último año-- solo por detrás de Cataluña (67.319 personas), Andalucía (39.505) y Comunidad Valenciana (33.350).

Además, las islas encabezan las comunidades con mayor 'limbo de la dependencia', personas pendientes de recibir prestación, con un 15,5%, seguidas de País Vasco (14,5%), Cataluña (14,1%) y Murcia (12,7%), aunque al mismo tiempo son la comunidad que más ha aumentado las personas beneficiarias con prestación (+39,1%) y las personas con derecho a prestación (+17,1%).

Igualmente el tiempo medio de espera se sitúa en 214 días, por debajo de la media nacional aunque por encima de los 180 días que marca la ley, lo que supone 216 días menos en el último año.

A nivel nacional, un total de 21.374 personas en situación de dependencia han fallecido en las listas de espera de la dependencia en los primeros nueve meses de 2026 --519 de ellos en Canarias-- lo que representa una media de "más de 78 personas al día" y "una cada 18 minutos".

Según el estudio, basado en datos oficiales hasta el 30 de septiembre de 2026, de esta cifra global de fallecimientos, "10.753 personas estaban pendientes de recibir una valoración de grado" y "10.621 esperaban recibir la prestación o servicio al que ya tenían derecho reconocido".

Además, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también ha advertido de que finaliza el tercer trimestre del año con "236.736 personas a la espera de algún trámite dentro del sistema de la dependencia". Y, si bien, señala que la lista de espera ha experimentado "una reducción del 8,3% en lo que va de año", considera que es un ritmo "insuficiente" al estimar que "se tardarían ocho años en lograr la plena atención".

En relación con el tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, la asociación también avisa de que se sitúa en torno a 10 meses, cuando la normativa fija un máximo de seis.

SISTEMA LOW COST

Además, la organización lamenta que la financiación transferida desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas, que recibieron un total de 739 millones de euros adicionales para la dependencia entre julio y septiembre de 2026, "todavía no ha repercutido en la reducción significativa de las listas ni en el incremento de la intensidad de los servicios".

Finalmente, el documento del Observatorio de la Dependencia constata que se mantiene la tendencia de incremento en prestaciones de menor coste, como la teleasistencia o la prestación por cuidados en el entorno familiar, lo que configura, según apunta, un "sistema low cost" que es "poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia".

En cuanto a la intensidad media del Servicio de Ayuda a Domicilio, la asociación critica que se ha situado en "39 horas al mes", mientras que la cuantía media de la prestación económica por cuidados familiares ha alcanzado los "260 euros mensuales" y la vinculada al servicio de residencia ha quedado fijada en "545 euros al mes".

Precisamente, la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad entra en vigor este viernes 23 de octubre con el objetivo de reducir la burocracia, ampliar derechos y reforzar la financiación pública, entre otras novedades.

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