Los canarios aprueban los servicios sociales del archipiélago con 6,5 puntos

Proponen mejorar los tiempos de espera, la información y el asesoramiento y la burocracia administrativa

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el portavoz, Alfonso Cabello
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y el portavoz, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 17 marzo 2026 15:25

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los canarios evalúan de forma positiva los servicios sociales públicos de la comunidad autónoma con una nota media de 6,56 puntos --entre los usuarios-- y de 5,8 entre los no usuarios, según recoge el primer 'Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias', paso previo al Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias, que ha sido aprobado este martes en Consejo de Gobierno.

El estudio muestra que un 30% de la población canaria ha tenido contacto con el sistema público de servicios sociales y el 20% ha sido beneficiaria directa.

No obstante, el conocimiento de la normativa es limitado pues solo el 21,4% de la población conoce la Ley de Servicios Sociales de Canarias y apenas el 8,7% el Catálogo de Servicios y Prestaciones.

El informe fue elaborado entre mayo de 2024 y julio de 2025 por encargo del Observatorio Canario de los Servicios Sociales y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en colaboración con la Universidad de La Laguna.

Su objetivo principal es analizar la situación del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en Canarias para conocer su funcionamiento real y mejorar su adecuación a las necesidades de la población, garantizando calidad, eficiencia y equidad.

El estudio se desarrolló en dos grandes fases. En la primera se analizaron las necesidades sociales de la población canaria y la oferta existente de servicios sociales, con el fin de estimar la distancia entre lo disponible y lo previsto en el Catálogo de Servicios y Prestaciones del sistema público.

En la segunda fase se examinó cómo funciona el sistema en la práctica, considerando las percepciones de las personas usuarias, del personal técnico y de expertos en el ámbito de los servicios sociales.

Para ello se integraron distintos estudios y fuentes de información.

En primer lugar, se utilizó el módulo de servicios sociales del ECOSOC del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que analizó la opinión general de la población mayor de 18 años.

Además, se llevó a cabo un análisis de fuentes secundarias sobre el contexto social y administrativo del sistema.

También se realizaron encuestas a personas usuarias de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria (691 participantes en 56 municipios) y al personal técnico de los servicios sociales municipales (258 profesionales de 77 municipios).

Igualmente, se aplicó un estudio Delphi con expertos del sector para recoger valoraciones estratégicas sobre el sistema.

"Se trata de la primera vez que Canarias cuenta con una herramienta como el Diagnóstico del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, un hito que nos permitirá acercarnos a la realidad del Sistema Público de Servicios Sociales en el conjunto del territorio autonómico, ya que nos permite contar con información sobre la percepción y valoración del sistema de servicios sociales, las demandas y los grados de satisfacción de las personas usuarias, los servicios y coordinación técnica de los servicios y el clima laboral técnico", explicó en rueda de prensa la consejera del área, Candelaria Delgado.

INFORMACIÓN FRAGMENTADA

El análisis de fuentes secundarias también evidencia que la información disponible sobre el sistema es fragmentada y heterogénea, con escasez de datos a nivel municipal.

El personal técnico por su parte destaca que funciones como la información, orientación y valoración están consolidadas, pero existen carencias de recursos, especialmente humanos, que dificultan cumplir con los objetivos de la ley.

En general, las personas usuarias valoran la atención recibida: el 89% tiene una valoración favorable del servicio y los niveles de satisfacción superan el 90% entre las personas beneficiarias.

Los aspectos que más se señalan para mejorar son los tiempos de espera, la información y asesoramiento, y la burocracia administrativa.

En cuanto a las necesidades sociales emergentes, el informe considera necesario reforzar la atención a problemáticas como la soledad no deseada, la salud mental y las adicciones.

Aunque la mayoría de las personas usuarias considera relativamente fácil obtener cita en los servicios sociales, se identifican diversas barreras de acceso, especialmente la brecha digital, las barreras físicas o arquitectónicas y los procedimientos burocráticos.

INFRAFINANCIACIÓN

El informe señala que la infrafinanciación del sistema público de servicios sociales es una situación estructural, compartida con el conjunto del sistema español.

En Canarias, esta situación se refleja en un reparto desigual de recursos y en una carga financiera significativa para los municipios, que son el primer nivel de atención del sistema.

Entre los principales retos de futuro destacan la necesidad de aumentar la financiación, reforzar las plantillas profesionales, mejorar los sistemas de información y reducir la burocracia.

También se plantea la importancia de adaptar el sistema a nuevos desafíos sociales mediante un enfoque más preventivo, comunitario y coordinado entre administraciones.

El diagnóstico concluye que existe una "brecha significativa" entre el marco legal de los servicios sociales en Canarias y su aplicación efectiva en la práctica.

Aunque el sistema ofrece una atención valorada por la ciudadanía y cuenta con profesionales comprometidos, las limitaciones en recursos, planificación y coordinación dificultan garantizar plenamente los derechos sociales recogidos en la normativa.

En consecuencia, subraya la necesidad de avanzar desde un modelo basado en derechos formales hacia un sistema capaz de hacerlos efectivos, mediante mejoras estructurales en financiación, organización y gestión de los servicios sociales.

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