La capital grancanaria garantiza ayudas anticrisis a todas las familias que cumplen requisitos de las 1.600 peticiones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha garantizado hoy que todas las familias que cumplen con los requisitos exigidos, de las 1.600 solicitudes recibidas, percibirán ayudas anticrisis para pagar servicios básicos relacionados con su vivienda, para lo que la corporación capitalina dispone de hasta 1 millón de euros cedidos por el Gobierno de Canarias.

Los primeros 270 pagos ya se han realizado, 190 familias están completando la documentación presentada y 32 no cumplían los requisitos. El resto de solicitudes se deberían resolver antes de mayo, nueva fecha límite que ha habilitado el Ejecutivo autonómico después de que la concejala de Vivienda local, Chani Ruiz, reconociera hoy en rueda de prensa que era "imposible" resolverlo a esa fecha teniendo en cuenta que las solicitudes han entrado hasta el 31 de enero.

En todo caso, Ruiz comentó que en a la concejalía siguen llegando peticiones de ayudas, por lo que el ayuntamiento trabaja en conseguir más fondos para destinarlos a este tipo de ayudas. "Ejecutivo canario y ayuntamiento harán esto más veces", se mostró convencida Ruiz, quien recordó que el Gobierno local ha dispuesto "todo el trabajo y a los trabajadores sociales" necesarios para hacer efectiva esta concesión de ayudas.

Ruiz precisó que los primeros pagos que se han efectuado han ido destinados a pagar los cortes de luz y agua, y dijo que se han fijado las ayudas al alquiler en un máximo de 4.000 euros, a pesar de reconocer que hay familias que deben importes superiores a esta cifra. El requisito fundamental para acceder a estas ayudas era que la unidad familiar no superara los 10.000 euros al año de ingresos, por lo que han sido sobre todo familias con alguno o todos sus miembros en paro los principales solicitantes, explicó la concejala.

Las ayudas abarcaban recibos de alquiler, de suministros básicos y de comunidad; y el pago de alojamiento temporal de pensiones o similares por una duración máxima de tres meses.