Carles Viver considera que incluir en la reforma del Estatuto el término nación "no es anticonstitucional"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto de Estudios Autonómicos de Cataluña, Carles Viver, considera que incluir el término nación o realidad nacional en los preámbulos de los estatutos de autonomía "no es anticonstitucional". "En la Constitución no hay una reserva del término nación al pueblo español en su conjunto", señaló Viver, que esta tarde impartió la conferencia 'Las reformas de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas' en la apertura del curso académico 2006 organizado por el Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP), acto que estuvo presidido por el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano.

Para Carles Viver hay siete grandes objetivos que son comunes a los procesos de reforma de los estatutos de autonomía, aunque la forma de llegar a ellos resulte distinta. Por un lado destacó la voluntad que tienen de mejorar los aspectos identitarios y por otro el de reforzar sus lenguas. En este sentido, destacó el paso importante que ha dado la Comunidad catalana al incluirlo en la modificación de su Estatut porque recoge el derecho a que los poderes públicos te respondan en la lengua que tú escojas. "Si tenemos el derecho de conocer el castellano, en Cataluña tendremos el deber de conocer el catalán", apuntó.

Resaltó también en el capítulo de objetivos comunes los derechos históricos, que afectan fundamentalmente a las comunidades de Navarra y País Vasco, y la incorporación a los estatutos de una carta de los principios que dirigen los poderes públicos. Criticó, no obstante, que no se hubiera avanzado lo suficiente en los proyectos de reforma estatutarios en el papel de las instituciones propias de la comunidad autónoma, ya que son instrumentos a través de los cuales se puede mejorar el autogobierno, y apostó, finalmente, por acercar "al máximo" el poder judicial a las autonomías reforzando el papel de los tribunales superiores de justicia y a través de la creación de consejos territoriales de justicia. Admitió, no obstante, que es un apartado que ha generado numerosos problemas porque en España el poder judicial es único para todo el Estado".

Defendió que las comunidades autónomas exijan más competencias, siempre dentro del respeto a la Constitución, y apostó por garantizarlas "frente a posibles interpretaciones restrictivas".

Por último destacó como rasgos comunes la participación de la Comunidad Autónoma en el Estado, Europa y su relación con otras comunidades, así como defendió que la financiación autonómica es un término "que puede y debe regularse".

Carles Viver señaló que estos siete puntos coincidentes plantean, sin embargo, una serie de trastornos jurídicos, si bien apuntó que no por ello "el Estado se romperá. En todo caso saldrá fortalecido sobre sus propias bases", aseguró.

Para el director del Instituto de Estudios Autómicos de la Comunidad Catalana las reformas estatutarias son resultado del proceso de desgaste del estado de las autonomías, hoy más administrativa que política, resaltó. "Hay que mejorar su participación en Europa, y también en determinados órganos del Estado como el Senado, que no sabido funcionar como cámara territorial", dijo.

Premios y becas

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, destacó el curso académico 2006 del ICAP porque pretende trasladar a la sociedad canaria temas de relevancia, "y nuestra voluntad es esclarecerlos a través del debate político en el marco constitucional".

Tras la intervención del director del ICAP, Mariano de León, se procedió a la entrega de premios y becas concedidos pro el Instituto el año pasado. El premio lo recibió Susana Rodríguez por su trabajo 'Hacia un nuevo régimen jurídico del personal de servicio de la comunidad autónoma de Canarias', y las menciones honoríficas se entregaron a Rafael Estupiñán y Lidia Hernández por 'Asignación de recursos públicos en materia de formación ocupacional. Anualidad 2003, un caso de estudio' y 'Los instrumentos de financiación de la Unión Europea', respectivamente.

Las becas fueron concedidos a María Cristina Llerena por 'La inmigración clandestina en Canarias, historias de vivienda de los 'sin papeles' y la relación con la sociedad canaria actual'; Yeray Jaime Talavera por 'Gestión y ejecución del planeamiento urbanístico de Canarias', y a José Alberto Magariños por 'Incidencia de la ley de modernización del gobierno local en las corporaciones locales canarias'.