LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Tortuero, lamentó este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria que el nuevo proyecto de ley de reforma de las pensiones aprobado por el Gobierno de España vaya a romper con el pacto de Toledo y con el consenso político y social existente en la materia en las dos últimas décadas.
En un comunicado, la organización explicó que Tortuero consideró innecesario que el sistema de pensiones afronte una reforma estructural de este calado, con la introducción del denominado factor de sostenibilidad, y remarcó que el proyecto de ley actualmente en trámite parlamentario ha recibido un amplio rechazo de partidos políticos, interlocutores sociales y del Consejo Económico y Social.
Tortuero, que ha sido asesor sobre este asunto de varios gobiernos de distinto color político y es uno de los más importantes referentes académicos de esta materia en nuestro país, hizo estas afirmaciones en el marco de las XXXI Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se están celebrando en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria bajo la organización del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura.
En su opinión, el sistema público de pensiones necesita afrontar medidas de modernización pero aún no requiere introducir el factor de sostenibilidad, un mecanismo de ajuste automático de ciertos parámetros -edad de jubilación, años de cotización necesarios o importe inicial de la pensión- vinculado a la esperanza de vida de la población y que ya está implantado en varios países europeos.
Tortuero afirmó que el factor de sostenibilidad es un mandato de la Unión Europea que España va a adoptar porque el Gobierno se comporta como un buen alumno, pero no porque sea preciso para el sistema, y criticó que se rompa el consenso político y social por una medida que no es urgente ni necesaria.
ABORDAR LOS PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS
A su juicio, es importante abordar los problemas demográficos pero a su debido tiempo, pues a diferencia de países como Francia o Alemania, cuyas generaciones más numerosas ya han llegado a la jubilación, en el caso de España la generación del baby boom aún tiene por delante entre 10 y 20 años de vida laboral.
Según su criterio, antes de introducir medidas correctoras de las pensiones, hay que propiciar la mejora de la tasa de natalidad, incentivando los nacimientos, promoviendo la conciliación entre la vida familiar y laboral y adoptando más mecanismos protectores de las familias numerosas, tal y como ha hecho la gran mayoría de países europeos.
El catedrático de la Universidad Complutense reconoció que el sistema de pensiones atraviesa un momento delicado por la reducción de ingresos como consecuencia de la crisis económica. Sin embargo aseguró que el sistema no corre peligro, gracias al fondo de reserva acumulado por la propia Seguridad Social en las épocas de bonanza.
Por su parte, en esta segunda sesión de las Jornadas de Derecho Laboral intervino también el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Emilio Palomo, quien centró su conferencia en el procedimiento para la declaración de incapacidad permanente del trabajador.
El magistrado expuso la doctrina jurisprudencial y judicial en la materia, de la que extrajo pautas de actuación concreta dirigidas a facilitar la labor de los graduados sociales ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con referencia específica a las pautas fijadas en la valoración de determinadas patologías, como la fibromialgia, las dolencias cardíacas y las enfermedades mentales.
Las XXXI Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), reúnen a cerca de 200 expertos en la materia, con el objetivo de compartir conocimientos y profundizar en los diferentes aspectos del derecho laboral y del sistema público de pensiones.
