Clavijo apela al consenso con un 'decreto canario' del que dudan PSOE y NC-bc porque abre la puerta a la "bronca"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado este miércoles a los siete grupos del Parlamento para recabar apoyo y consenso en torno al borrador del 'decreto canario' que va a remitir al Gobierno central para su aprobación y posterior convalidación en el Congreso, propuesta que ha sido recibida con muchas dudas por parte de PSOE y NC-bc, especialmente, y Vox.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que el texto está sujeto a aportaciones pero incluye la "tres necesidades" que ahora mismo tiene Canarias y que pasan por el cumplimiento de la 'agenda canaria', el desarrollo del Estatuto de Autonomía y el abono de las partidas pendientes de los Presupuestos Generales del Estado.

"Somos conscientes de que, sin estas medidas, Canarias no va a conseguir remontar situaciones como las que arrastramos tras el covid o la erupción del volcán. Si queremos remontar problemas como el de la vivienda y la precariedad del empleo necesitamos de la colaboración del Estado", ha subrayado.

   El texto cuenta con 33 artículos, 10 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales.

   El primer bloque, bajo el título 'Medidas de recuperación social y económica', reúne todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago.

   Entre ellas, destaca la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro durante los próximos tres años, además de una novedosa "bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verdes en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla".

   También para seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028.

    Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.

   Asimismo, el Ejecutivo exige al Gobierno la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias y pide además 160 millones de euros anuales.

 VIVIENDA Y MEDIDAS SOCIALES

   Canarias busca asimismo blindar las partidas específicas que el Estado incluyó en sus cuentas de 2023 pero han quedado en el aire con la prórroga de los presupuestos nacionales: los 45 millones del Plan Integral de Empleo y los 42 millones para infraestructuras educativas, entre otros.

   El segundo bloque del articulado, llamado 'Medidas de apoyo a colectivos vulnerables', busca dar continuidad a los 30 millones de euros anuales del plan de pobreza y solicita al Estado la cesión de suelo para la construcción de viviendas protegidas.

    También se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda protegida en las islas.

   Igualmente el borrador requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).

FONDOS PARA INFRAESTRUCTURAS Y MÁS COMPETENCIAS

   Como novedad, y al amparo de la 'agenda canaria', el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen "medidas de productividad" con el fin aumentar los sueldos.

   Asimismo, en el borrador se destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

   En materia de costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general y se reclama al Estado que traspase a la comunidad autónoma "las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago".

   El texto recoge también 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.

   Incluye asimismo otra demanda histórica del archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP), ha comentado que el único objetivo del decreto es "llegar a acuerdos" y que Canarias obtenga "mayor financiación, mayores recursos" y que se logre "hacer de esta tierra una Canarias mejor".

   El portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, no entiende este decreto cuando ya está pactado otro tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por lo que cree que lo que trata de hacer Clavijo es "enredar" con esta propuesta.

   Ha indicado que su partido está abierto a hablar de "todo" pero el Gobierno canario solo quiere hablar de asuntos relacionados con el Estado y no de vivienda o productividad, por ejemplo.

   El portavoz de AHI, Raúl Acosta, ha explicado que el decreto incluye "cosas importantes" para el archipiélago y cree que si se aprueba finalmente "será un gran avance".

   Luis Campos, portavoz de NC-bc, ha tildado el borrador de "carta a los Reyes Magos" pues se ha pasado de cuestiones relacionadas con el bloqueo de los PG a un documento con "decenas y decenas de aspectos" que responden a la agenda política de CC.

   "Estamos dispuestos a discutir todo", ha explicado, si bien ha indicado que no se van a poner "al borde del abismo y decidir sobre hechos consumados" cuando va a salir en breve un decreto urgente del Gobierno central.

   Campos sospecha que lo que quiere el Gobierno es "otro año y medio con la bronca permanente y desviando los problemas realmente importantes que en este momento tiene Canarias, como puede ser la vivienda o la situación de nuestro modelo sanitario".

   José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha dicho que se repite la "hoja de ruta" del Pacto por la Inmigración, con aportaciones de los grupos, dejando claro que la propuesta es de máximos e implicará una "negociación" con el Gobierno central.

CURBELO PIDE "GENEROSIDAD Y ALTURA DE MIRAS"

   Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha reclamado "generosidad y altura de miras" para sacar adelante el decreto ley pues "solo se pueden resolver los problemas canarios por esta vía" si se cuenta con el apoyo de PSOE y PP en el Congreso.

   Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, ha certificado el apoyo de su grupo porque el documento "solamente habla de los canarios y beneficia a los canarios", otra cuestión es que el Gobierno central finalmente trate de aprobar un texto que "no tenga nada que ver con los canarios".

   Nicasio Galván, portavoz de Vox, se ha comprometido a estudiar el borrador pero no ha ocultado que el proceso nace "viciado" porque cree que no hay respaldo parlamentario y el Gobierno central ha tenido tiempo "de sobra" para cumplir con las islas y no lo ha hecho.