MURCIA/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las clínicas privadas de Canarias ofrecen algunos de los precios más elevados de España en los tratamientos de Inseminación artificial (IA), fecundación in vitro (FIV) y Ovodón, según los datos del II Estudio sobre Infertilidad y Tratamientos en España 2008 realizado por la Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (Adeces) consultado por Europa Press.
En total, el coste total de una inseminación artificial oscilará entre los 400 y los 1.500 euros, mientras que la fecundación in vitro y el Ovodón tienen un coste que va desde los 4.000 euros a los 9.900, cantidades que habrá que pagar por cada intento realizado.
Concretamente, la Región de Murcia fue la única autonomía que arrojó los precios más altos en las tres modalidades de tratamiento. Así, coincidió en los precios máximos en fecundación in vitro con la Comunitat Valenciana, Baleares, Canarias, Cantabria, y Galicia.
En lo que respecta al Ovodón, la Región de Murcia se situó como una de las comunidades más caras junto a Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, y Madrid. En cuanto a la inseminación artificial, Murcia fue una de las autonomías que fijó unos precios más elevados, rozando los 1.500 euros, junto con Cataluña, Madrid y Andalucía.
Además, la Región de Murcia sigue sin ofrecer ningún tipo de tratamiento desde la red pública, ni tan siquiera de inseminación artificial, y satisface la demanda mediante conciertos con las clínicas privadas. En definitiva, sólo 16 de las 19 comunidades ofrecen algún tratamiento desde la red pública, según el estudio.
La Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales (Adeces) reclamó a las Administraciones Públicas un "compromiso más decidido con un problema de nuestro tiempo que afecta a unos 860.000 parejas en nuestro país y crece a un ritmo de 16.000 nuevos casos anuales".
No obstante, entre los hospitales públicos donde se registran los menores tiempos de espera del país para acceder a este tipo de tratamiento se encuentra los de Castellón, que sin embargo, "ya están saturados", advirtieron. El tiempo mínimo se registra en el Hospital Teresa Herrera de Coruña con 90 días.
Por el contrario, el tiempo máximo de espera se localizó en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde se alcanzan los 1.440 días (casi cuatro años), seguido del hospital CYP de Barcelona con 900, o de los Hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Carlos Haya de Málaga, ambos con un máximo de 720 días de espera.
En este sentido, especialmente relevante es la situación de Extremadura, comunidad que tiene fijado por Ley un tiempo de espera máximo de seis meses y la obligación de derivar a la mujer a un centro privado en el supuesto de que se supere ese tiempo.
En general, los tiempos de espera medios en la sanidad pública varían según los tratamientos desde los 105 días en inseminación artificial (IA), hasta los 493 días en la Fecundación In Vitro (FIV), pasando por los 360 de la técnica de Ovodón.
RESTRICCIÓN EN ATENCIÓN A LA EDAD
Aunque legalmente no existe una edad máxima definida en la que poder realizar los tratamientos, salvo recomendaciones científicas sobre la materia, los tiempos de espera "derivados de la falta de medios de las unidades en funcionamiento, junto con el incremento del número de parejas o mujeres que deben afrontar la infertilidad, está obligado al sistema público a que la atención de las mujeres se restrinja a determinadas edades", recoge el estudio.
Así, la edad media de atención a las mujeres en centros públicos es de 40 años, es decir, cinco años menos de la que se registran en centros privados.
En el caso de Andalucía, la restricción es aún mayor, según el informe, ya que la edad máxima que se establece en todos los centros públicos andaluces para tratamientos de inseminación artificial es de 38 años, al igual que ocurre en el Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca. La edad máxima registrada ha sido de 45 años en el Hospital de Albacete. Por otro lado, en las clínicas privadas, se ha recogido una horquilla que va de 38 a 42 años.
En cuanto a la practica de FIV, la edad máxima inferior registrada en centros públicos es de 39 años y la superior de 40, mientras que en los centros privados esta horquilla oscila entre los 40 y los 43 años. Respecto a la Ovodonación en centros públicos, la edad máxima inferior de atención registrada es de 35 años (Vizcaya) al objeto de evitar la lista de espera y en el extremo superior 50 años (Coruña).
En los centros privados la horquilla para esta técnica está más concentrada, ya que las edades de atención registradas oscilan entre los 45 y los 50 años.
PRECIOS EN CLÍNICAS PRIVADAS
La esperanza de tener un hijo, el retraso en la adopción de la decisión y los límites establecidos por la sanidad pública obligan a muchas parejas o mujeres a acudir a los centros privados. A los precios establecidos, hay que añadir el coste de los medicamentos, que si bien en la técnica de IA son moderados, en FIV Y Ovodón representan un coste considerable.
En consecuencia, el coste total de una IA oscilará entre los 400 y los 1.500 euros, mientras que la FIV y el Ovodón tienen un coste que va desde los 4.000 euros a los 9.900, cantidades que habrá que pagar por cada intento realizado.
En lo que respecta a la FIV, los precios máximos los establecen la Comunitat Valenciana, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia. Por último, en Ovodón, son Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid y Murcia las que ofrecen tratamientos más caros. En cuanto a la IA se refiere, Andalucía es una de las comunidades autónomas que fija unos precios más elevados, rozando los 1.500 euros, junto con Cataluña, Madrid y Murcia.
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
La recogida de información primaria, es decir, la referencia a los centros autorizados para realizar tratamientos, el carácter público o privado de los mismos y el tipo de tratamiento que realizan, es fundamental para los usuarios, según el informe, por lo que Internet, por las facilidades que otorga, se convierte en una herramienta que "hay que potenciar".
Sin embargo, sólo cinco comunidades ofrecen información pública a través de su página Web: Andalucía, Canarias, Castilla Y León, Cataluña y Madrid.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
La Asociación Adeces opina que las administraciones públicas tienen una "responsabilidad objetiva" en el crecimiento de determinadas causas de infertilidad: la contaminación medioambiental o la regulación laboral, entre otros factores.
Por ello, apunta la necesidad de que el ente público "dote más y mejor las unidades de reproducción asistida que existen en los centros públicos y, en su caso, ampliar el número de centros o establecer mediante norma autonómica los tiempos de espera máximos y el derecho de los usuarios a acudir, superados los mismos, a los centros privados de su Comunidad con los que la Administración Pública debe establecer concierto de colaboración, así como sufragar".
