La Fiscalía Europea levanta el secreto de las actuaciones del 'caso mascarillas' y rastrea Bélgica, Italia y Reino Unido

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Europea ha levantado el secreto de las actuaciones del primer 'caso mascarillas' en Canarias por el que se investiga el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que no llegaron a se recibidas durante la pandemia sanitaria.

El decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que las fiscales responsables del caso pidieron ayuda a las delegaciones de Italia, Bélgica y Reino Unido en busca de nuevas conexiones del caso para esclarecer las condiciones de la operación.

Así, en el transcurso de la investigación, la UDEF informó de la "posible implicación" en el caso de otras personas, entre ellas la esposa de Rayco González --administrador de RR7-- y la Mercantil Yilhal Import and Export, representada por Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, intermediario afincado en Londres y con quien contactó la empresa canaria para adquirir las mascarillas.

Por ello, a finales de marzo de 2023 las fiscales europeas Oihana Azcue Labayen Gloria y Yoshiko Kondo Pérez solicitaron que se ampliase la autorización a los funcionarios policiales de la UDEF para poder analizar las conversaciones telefónicas entre Rayco González, su esposa e Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, así como del intermediario Samuel Machín.

Asimismo solicitaron que la ampliación se extendiese a los archivos de imágenes, audio, vídeo o documentos contenidos en los teléfonos analizados y el pasado martes la UDEF entregó a la Fiscalía Europea un disco duro con una carpeta denominada 'teléfono Rayco'.

Las mascarillas nunca fueron entregadas --de hecho fueron destruidas por agentes de Aduanas en el puerto de La Luz tras llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas-- y tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas se investiga, entre otros, a Rayco González por estafa agravada y blanqueo de capitales; la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación, y el exdirector del SCS, Conrado Domínguez, por prevaricación y tráfico de influencias.