El Gobierno de Canarias aprueba la nueva ley de RTVC y la remite al Parlamento

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en la reunión celebrada este miércoles el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias.

El texto normativo será elevado ahora al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación definitiva en los próximos meses.

El proyecto de ley tiene por objeto regular la asunción, atribución, prestación y control del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Se estructura en cuatro títulos, cuarenta y cuatro artículos, nueve disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

Su aprobación supone el cumplimiento del compromiso adquirido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a principios de la legislatura, cuando anunció la redacción de un nuevo marco normativo que otorgara mayor solidez y garantías de operatividad al servicio público audiovisual que prestan la televisión y la radio autonómica, ha apuntado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Público de Comunicación Audiovisual de Canarias tras un "largo proceso de escucha" y cumpliendo todo el proceso reglado, ha señalado.

La tramitación de esta iniciativa legislativa comenzó el 4 marzo 2024 cuando el Ejecutivo dio luz verde al informe sobre su oportunidad, objetivos y principios generales. Tras recabar los informes departamentales, el pasado 20 de enero se sometió al trámite de exposición pública con un plazo para presentar alegaciones que finalizó el pasado 14 de febrero.

El texto legislativo cuenta asimismo con el preceptivo informe favorable del Consejo Económico y Social de Canarias (CES) emitido el 29 de septiembre y del Consejo Consultivo que aprobó su dictamen el 25 de noviembre.

Además, Cabello ha comentado que el Gobierno mantuvo una reunión este martes con representantes del sindicato mayoritario de la televisión pública en la que se acordaron dos cambios no sustanciales en el proyecto de ley en respuesta las demandas expresadas por los trabajadores.

En primer lugar, el apartado 3 del artículo 35 del proyecto de Ley indica que "no podrá cederse a terceros la producción y edición de programas informativos" y también se ha modificado la redacción de la disposición adicional séptima de manera que indica que "la subrogación del personal operada al amparo del apartado 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre mantendrá su vigencia a menos que, con ocasión de futuras licitaciones de contratación, se opere, en su caso, la subrogación obligatoria, por el/los adjudicatario/s de tales licitaciones, en todas o parte de las relaciones laborales objeto de aquella subrogación provisional, y siempre y cuando tal previsión de subrogación del adjudicatario o adjudicatarios".

Según Cabello, el proyecto de ley tiene como objeto regular la asunción del servicio público por la Comunidad Autónoma de Canarias, la atribución de su prestación al ente público RTVC y a la sociedad prestadora del servicio, además de establecer las líneas básicas de prestación del servicio y asegurar su control externo, conforme a lo que establece la normativa europea a través del Reglamento (UE) 2024/1083, de 11 de abril (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación), y la normativa básica estatal aplicable, esto es, la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.

ADAPTACIÓN AL MARCO ESTATAL Y EUROPEO

Alfonso Cabello indicó en este sentido que el Gobierno ha adaptado el texto legislativo al nuevo marco regulatorio estatal y europeo y a la transformación experimentada en estos años por el sector audiovisual.

SUPERAR LA PARÁLISIS

Además, destacó la necesidad de suplir los defectos que la Ley 13/2014 en vigor "ha evidenciado desde su aprobación" para "articular un sistema regular de gestión del servicio público y su control parlamentario".

Con la nueva norma se pretende superar la situación de bloqueo institucional por la inoperatividad de la actual ley a la hora de fijar los mecanismos de elección de los órganos directivos y de fijación de las directrices de prestación del servicio.

Cabello ha recordado igualmente que la ley que ahora se propone actualizar ha sido objeto de siete modificaciones legislativas, además de obligar al Gobierno a aprobar cuatro decretos ley en un intervalo de 4 años a fin de suplir con carácter transitorio la situación de bloqueo institucional que su redacción ha originado.

Tras once años de vida, ninguno de los órganos previstos en la actual normativa han sido aprobados por el Parlamento, dejando al ente público "despojado de los más elementales elementos operativos", una situación que Cabello dijo que es preciso resolver.

Tampoco en diez años, la Cámara autonómica ha sido capaz de aprobar un Mandato Marco que ordene los criterios generales y la toma de decisiones determinantes para la prestación del servicio.

A la vista de esta parálisis, el Gobierno de Canarias considera necesaria la aprobación de una nueva regulación que permita garantizar, de forma ordinaria y permanente, la prestación del servicio público y el ejercicio de derechos fundamentales imbricados en dicha prestación.

Cabello ha reconocido que la ley de 2014 "no ha cumplido ni con las expectativas ni con las necesidades", por lo que es necesario contar con un nuevo texto legislativo.

"Un servicio público tan importante como es el de la comunicación pública no puede estar dependiendo de constantes parches para salvar los distintos obstáculos que surgen a causa de la ausencia de Mandato Marco o porque no están contemplados por la ley", manifestó tras subrayar que la Radio Televisión Canaria necesita una ley que le proporcione seguridad jurídica y operatividad para afrontar los retos que la evolución tecnológica trae consigo.

Alfonso Cabello ha recodado además que "otros medios de comunicación públicos autonómicos también han acometido o están en proceso de aprobación de nuevas normas", para adaptarse a lo que requiere la actualidad.

Por ejemplo, así lo ha hecho el Estado con la modificación en Consejo de Ministros de la norma para el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE alegando la mejora de su operatividad y la situación de interinidad.