El Gobierno de Canarias cifra en más del 70% el seguimiento del alumnado no universitario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha cifrado en el 70,43 por ciento el seguimiento del alumnado no universitario de Canarias durante la jornada de huelga de la enseñanza de hoy de sus aulas, lo que representa 102.950 estudiantes.

Según informa el Ejecutivo regional en un comunicado, por provincias, en Las Palmas la cifra se sitúa en el 72,3 por ciento, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, el seguimiento ha sido del 68 por ciento, según los datos recopilados del 38,6 por ciento de los centros.

En cuanto a los datos referentes al personal docente, el seguimiento de la huelga ha sido del 15,4 por ciento, según la información recopilada del 94,34 por ciento de los centros de enseñanzas no universitaria de las islas, es decir, Infantil, Primaria, enseñanza secundaria y otras --centros de adultos, escuelas de idiomas...--.

Asimismo, las cifras indican que 3.246 docentes han secundado la jornada de huelga, siendo el seguimiento por provincias, del 17,4 por ciento en Las Palmas y del 12,9 por ciento en Santa de Cruz de Tenerife. La incidencia de la huelga entre el personal no docente es del 4,6 por ciento.

Según los datos de Inspección General, no se ha registrado incidencia de ningún tipo a lo largo de la mañana.

Los responsables de la Consejería entienden los motivos que han promovido la protesta de hoy en el sector y que la comunidad educativa manifieste su oposición a la LOMCE y, en general, a las medidas que quiere imponer el Gobierno central en materia educativa.

"RETROCESO HISTÓRICO"

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, manifestó que el seguimiento de la huelga viene a reflejar que la reforma educativa supone un "retroceso histórico" a la enseñanza en España y que, en este caso, la comunidad educativa ha expresado su "rechazo frontal" no asistiendo a clase.

En su opinión, el Gobierno de España debe escuchar este "clamor generalizado" y paralizar este proyecto de ley, que "se justificaría sólo por razones ideológicas, pues propone establecer un modelo educativo para que sean las clases más pudientes quienes puedan acceder a una educación superior en detrimento de las clases más bajas".