El Gobierno de Canarias destina más de 18 millones de euros en 2008 a la asistencia jurídica gratuita

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, afirmó esta mañana que el Ejecutivo autonómico destinó el pasado año "más de 18 millones de euros para sufragar los honorarios de los abogados y procuradores para la Asistencia Jurídica Gratuita", según informó hoy la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad en una nota.

Déniz hizo estas declaraciones durante su participación en una mesa redonda sobre el desarrollo de esta asistencia en España y en el marco del Encuentro Internacional sobre el Acceso a la Justicia, en la que también participó Marta Chimena, asesora del Ministerio de Justicia.

Durante su intervención, la viceconsejera destacó que el incremento de la litigiosidad en Canarias así como la grave crisis económica que padecemos, tanto en las islas como en el resto del Estado, "está obligando a los gobiernos a realizar esfuerzos presupuestarios para garantizar el derecho al conocido como turno de oficio".

"Un derecho que es gratuito para sus beneficiarios pero que no está exento de costes, no es un derecho ilimitado, es prestacional y la ley otorga al legislador la capacidad de establecer los requisitos de los beneficiarios así como las prestaciones a las que tiene derecho", explicó Déniz.

En este sentido, la viceconsejera ha informado de la voluntad del Ejecutivo de modificar el Decreto de 1998 que desarrolla la Ley estatal 1/1996 reguladora de la uniformidad de la Asistencia Jurídica Gratuita. Algunas de las novedades propuestas para el nuevo Decreto, enumeró la viceconsejera, son "la creación de una Comisión Mixta entre la Administración y los Colegios para realizar propuestas de mejora y de actualización de los baremos; clarificar aún más los procedimientos y el coste de cada servicio; constituir mecanismos de control de calidad de esos servicios y adecuar los sistemas informáticos para realizar, por vía telemática, todos los trámites que sea posible".

En esta línea también están trabajando las Comunidades Autónomas con competencias sobre la gestión del sistema de Asistencia Gratuita que, el pasado mes de enero, constituyeron una comisión técnica en la que se propusieron algunas modificaciones de la Ley como la necesidad de que sólo accedan a la Asistencia Justicia Gratuita, en el orden jurisdiccional social, aquellas personas que no tengan recursos para litigar.

La Asistencia Jurídica Gratuita está recogida en el artículo 119 de la Constitución española, y "es un modelo para países que, por su organización territorial, tradiciones jurídicas o políticas presupuestarias no la han podido desarrollar, dado que garantiza la tutela judicial aunque se tenga insuficiencia de recursos para litigar, concluyó Déniz.