El Gobierno de Canarias promueve la reforma de la ley de personas mayores y solidaridad entre generaciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha elevado a Consejo de Gobierno el informe sobre la oportunidad de la iniciativa legislativa, sus objetivos y los principios que la inspiran, para su toma en consideración y prestación de conformidad a la iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.

Además, propone la realización de una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas afectadas por la iniciativa legislativa.

"Se hace necesaria una reforma legislativa que tome en consideración no solo los cambios normativos operados en los últimos años sino también la experiencia y buenas prácticas obtenidas desde la entrada de vigor de la ley en Canarias, en otras comunidades autónomas y en otras partes de Europa", explicó en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien aclaró que "esta modificación legal tiene por objeto establecer un marco jurídico integral que garantice los derechos fundamentales, la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa, la inclusión plena y la protección integral de las personas mayores en Canarias".

La iniciativa incorpora los principios generales básicos de legalidad, de igualdad sustantiva y no discriminación por edad, género, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o cultural, condición socioeconómica o territorial, así como la accesibilidad universal, la equidad interterritorial e insular, la participación activa y deliberativa, la solidaridad intergeneracional, la cohesión social y el enfoque de derechos, como principios generales básicos.

Entre sus objetivos, la propuesta contempla reconocer y garantizar el ejercicio efectivo y justiciable de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores; establecer las bases para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas coherentes, inclusivas, accesibles y sostenibles, orientadas al bienestar, la protección y la participación de las personas mayores.

PROMOVER LA AUTONOMÍA

Lo que se pretende con esta norma es consolidar un modelo de atención centrado en la persona, que promueva la autonomía, el envejecimiento activo en el entorno habitual elegido y los apoyos necesarios para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica.

Asimismo, la norma fomentará la corresponsabilidad institucional, comunitaria y social en la atención y acompañamiento, así como el reconocimiento recíproco y la solidaridad entre generaciones como eje vertebrador de la cohesión social.

Por otra parte, se busca garantizar condiciones de accesibilidad universal, equidad territorial, calidad, seguridad y calidez en la provisión de servicios, centros y recursos, públicos o concertados, destinados a la atención, cuidado o inclusión social de las personas mayores; prevenir, detectar y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación por edad, violencia institucional, soledad no deseada, exclusión social, abuso económico o patrimonial, mediante medidas jurídicas, sociales y comunitarias específicas y regular un sistema público de evaluación, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas de las políticas, servicios, recursos y resultados dirigidos a las personas mayores, con participación efectiva de estas y de sus organizaciones representativas.