SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles el decreto que resuelve el concurso público de emisoras de radio que culmina con la adjudicación de 155 nuevas licencias de un total de 642 ofertas.
El portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, ha explicado en rueda de prensa que además se ha pedido al Estado la creación 78 nuevas frecuencias, tal y como se había acordado en la Comisión Mixta Canarias-Estado constituida en octubre del año pasado.
Para reforzar esta petición, el Ejecutivo ha encargado a la Acisii (Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información) un estudio sobre el espectro radiofónico en el que se trabaja desde hace más de un mes.
Las licencias tendrán una duración de 15 años y las emisiones arrancarán a los 18 meses de la publicación del decreto en los boletines correspondientes.
Marrero ha insistido en que el Gobierno regional estará "vigilante" para que los adjudicatarios cumplan los criterios fijados en sus ofertas, y que tienen la "conciencia tranquila", entre otras cosas, porque el Ejecutivo ha ganado todos los recursos --más de cincuenta-- presentados contra el procedimiento.
Asimismo, ha subrayado que los consejeros del PSOE no han participado en el acuerdo porque las bases se pactaron con el pacto anterior de Gobierno (CC-PP), y ha incidido en los criterios "objetivos" del concurso y en que desde el Gobierno "no se desprecia a nadie ni se excluye a la carta".
El portavoz ha dicho también que en total podían haberse presentado casi 800 ofertas, pero unas 40 empresas canarias quedaron fuera del concurso porque su bufete de abogados presentó las propuestas fuera de plazo.
"PRESUNTAS IRREGULARIDADES"
Según su versión, el Ejecutivo había detectado "presuntas irregularidades" y las puso en conocimiento de la Fiscalía, que terminó imputando un delito de falsedad documental al bufete, que intentó demostrar con un documento falso que había realizado la tramitación dentro del plazo pertinente.
Marrero entiende que haya empresas "defraudadas" y tiene claro que habrá una "avalancha" de recursos, pero tiene la "certeza" de que el Gobierno de Canarias ha actuado "conforme a la ley".
