El Gobierno canario aprueba el proyecto de decreto para agilizar la valoración y calificación de discapacidad

Archivo - La consejera canaria de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en sectorial de Infancia

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VALVERDE (EL HIERRO), 29 (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo canario ha aprobado este martes, en Consejo de Gobierno, el proyecto de Decreto ley por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en Canarias, que tiene como fin agilizar estos procesos.

Su entrada en vigor se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y convalidación posterior en el Parlamento canario, siendo su principal virtud la contemplación de un anexo en el que se listan una serie de patologías susceptibles de determinar un grado de discapacidad automático del 33%, 65% o 75%.

Con la solicitud de discapacidad y la acreditación de alguna de las patologías incluidas en el anexo se emitiría una valoración por informe, sin necesidad de que la persona tenga que ser valorada de forma presencial, según ha explicado la consejera de Bienestar Social en Canarias, Candelaria Delgado, en la rueda de prensa posterior al consejo.

También se han contemplado perfiles prioritarios de colectivos más vulnerables, tales como la ampliación de la prioridad que hasta ahora disfrutaban los menores de entre 0 y 6 años para la atención temprana, a los menores de 18 años.

Esta ampliación, explicó, pretende aportar un valor a la concesión del grado de discapacidad, ya que no solo se tendrá en cuenta aspectos estrictamente médicos sino también condicionantes sociales graves que permitirán a estos menores una mejor integración mediante, por ejemplo, el acceso prioritario a becas o ciertos derechos que suavizan su incorporación en entornos como institutos o universidades.

Por otro lado, también se crea un procedimiento especial, vinculado al anexo, que genera de oficio la tarjeta de estacionamiento tras la resolución y evita a la ciudadanía trámites engorrosos. Además se impulsa la estrecha coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales para la asignación de las Pensiones No Contributivas.

Otros aspectos relevantes es que, por primera vez, va a existir una coordinación de la Dirección General de Discapacidad con el Servicio Canario de Salud para poder usar sus profesionales para emisión de informe y reducir la lista de espera.

Además habrá coordinación con la Consejería de Educación, cuando se trata de menores, y con los colegios profesionales de Canarias, lo que permitirá el apoyo de profesionales específicos para completar los informes que sean necesarios.

Este proyecto de decreto, impulsado por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se ha sometido a lo establecido en la normativa estatal (RD 888/2022). En el mismo sentido, cada una de las patologías recogidas en el anexo del decreto canario han sido cotejadas con el BAREDI, la herramienta estatal que incorpora criterios médicos, psicosociales y ambientales, para baremar el grado de discapacidad que puede tener cada persona solicitante.

El nuevo proyecto se estructura en cuatro títulos, en los se recogen el objeto y ámbito de aplicación, las competencias y equipos de valoración, el procedimiento y la revisión; cuatro disposiciones adicionales; una disposición transitoria; una disposición derogatoria; cuatro disposiciones finales y un Anexo.

Según se recoge en el Título I, esta norma se configura como un instrumento necesario para favorecer que el procedimiento administrativo para el reconocimiento del grado de discapacidad sea "más eficiente", acortando los plazos en los que la administración reconoce esa situación de discapacidad y que este no suponga una carga para la ciudadanía, "facilitando a los equipos multiprofesionales una aplicación más eficiente" en el proceso de valoración y una "mayor optimización" de los recursos públicos, con procesos específicos de valoración.

Finalmente expone que la aprobación de un decreto específico en Canarias se justifica "de manera especial en la necesidad" de atender las singularidades de un territorio insular fragmentado y, por tanto, "garantizar un tratamiento igualitario" en la atención procedimental en cada una de las islas, evitando la primacía en la facilidad de acceso a los servicios en las grandes islas, frente a las islas no capitalinas.