Gobierno canario asegura que está adoptando "todas las medidas posibles" para no abonar los 101 millones de Tebeto

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, ha asegurado hoy que el Ejecutivo regional está adoptando "todas las medidas posibles" para no abonar los 101 millones de euros por el 'Caso Tebeto'.

"El Gobierno de Canarias está adoptando todas las medidas posibles, todas las medidas posibles, para no tener que atender un pago que considera profundamente injusto, máxime cuando aún está pendiente de dirimirse este asunto en una instancia superior como es el Tribunal Supremo (TS). Por tanto, está adoptando todas las posibilidades jurídicas aunque haya quien piense, de manera grotesta, que no es así, le garantizo que se están adoptando todas", subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Actualmente, recordó que el Ejecutivo canario, adoptó la pasada semana, el acuerdo de solicitar a la sala de lo Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) "el fraccionamiento, si en su caso hubiese que hacerlo, del pago de los aproximadamente 101 millones de euros a lo largo de cinco años".

Agregó que, previamente, la semana anterior el Gobierno regional ya "había presentado un recurso de súplica" donde se solicitaban, por un lado, la anulación de la providencia que dictaba la ejecución provisional de la sentencia, lo que "todavía está pendiente de dirimirse en el Tribunal Supremo", ya que "se planteaba la anulación" y, por otro lado, "en caso de que no fuera así, el que el pago se iniciase no a los 15 días que están establecidos en esa providencia si no en tres meses".

Por este motivo, Marrero hizo hincapié en que el Gobierno canario "no" va a empezar a pagar la sentencia hasta que los tribunales respondan a la solicitud del Ejecutivo regional.

"Desde el Gobierno --canario-- se entiende que tiene que haber un pronunciamiento sobre ese recurso de súplica y no sólo sobre ese recurso de súplica sino en la aplicación de la Ley de lo Contencioso Administrativa, además de la posibilidad de fraccionamiento en cinco años. Estamos a la espera de que los tribunales respondan. No se trata de pagar alegremente 101 millones de euros sin haber agotado todas las posibilidades jurídicas de que al menos eso se posponga hasta que haya un pronunciamiento de una entidad superior como es el TS", apuntilló.

Finalmente, en cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, Marrero apuntó que se trata de una cuestión que actualmente está en el proceso abierto de "participación ciudadana" para definir un texto que, posteriormente, se trasladará al Parlamento autonómico. "Está ahí en el calendario esa posibilidad de que la reforma estatutaria pueda acceder al Parlamento en el último trimestre del presente año", sentenció.