Publicado 26/02/2019 21:07CET

El Gobierno canario entrega el nuevo decreto del alquiler vacacional a cabildos y ayuntamientos para escuchar propuestas

El Gobierno de Canarias entrega el nuevo decreto de alquiler vacacional a cabild
GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha entregado el nuevo decreto del alquiler vacacional a los siete cabildos y los 88 ayuntamientos con el objetivo de que puedan estudiar la normativa y hagan llegar sus propuestas.

Ello se ha hecho a través de la Federación canaria de municipios (Fecam) y la Federación canaria de islas (Fecai) en una serie de reuniones encabezadas por el consejero regional de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, y la directora general de Ordenación Turística, Candelaria Umpiérrez.

Los responsables autonómicos de turismo se reunirán también con representantes del sector como la FEHT, Ascav, Ashotel, Asofuer, Asolan y Excelfuer, entre otros, así como administradores de fincas y otros agentes implicados.

"El objetivo de la norma es proporcionar las herramientas necesarias para que las administraciones locales puedan evitar distorsiones en el mercado del alquiler en sus respectivas islas y municipios", explicó Castellano.

Así, aseveró que "la voluntad del Gobierno de Canarias es garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y ciudadanas de las Islas", aunque "sin por ello demonizar el alquiler vacacional".

El consejero cree "que se ha comprobado que es un sector que, cuando cumple los requisitos legales y de calidad, impulsa la recaudación de impuestos y la contratación laboral".

En la misma línea se manifestó el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, quien explicó que "corresponde al Gobierno de Canarias mejorar la ordenación de la actividad turística, en este caso del alquiler de viviendas para uso turístico, fijar las condiciones que se consideren imprescindibles para que se realice con calidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos del turista, de quien alquila la vivienda, de los residentes de la zona y de la sociedad en su conjunto".

De la Rosa añadió que "es preciso enfatizar que la ordenación turística no puede comprenderse al margen de la planificación del territorio y del urbanismo, competencias estas últimas de cabildos y ayuntamientos, respectivamente"

Por su parte, la directora general de Ordenación Turística, Candelaria Umpiérrez, aseguró que otro de los objetivo irrenunciables es que no se fomente la competencia desleal: "Queremos que las plataformas digitales se hagan responsables de la veracidad de la información que ofrecen y que no cedan su espacio a viviendas que no cumplan los requisitos legales y de calidad".

TEXTO ADAPTADO A LAS SENTENCIAS DEL SUPREMO

La modificación del decreto, que se adapta a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2018 y enero de 2019, recoge que hasta que no se adapten los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, se podrán aprobar ordenanzas insulares y municipales que regulen los aspectos territoriales y urbanísticos de implantación de esta modalidad de alojamiento turístico.

Asimismo, la norma establece principios rectores básicos para los instrumentos de planeación que se basan en cuatro pilares. El primero desarrollar nuevas tipologías de alojamiento turístico para incrementar la calidad y competitividad del destino y el crecimiento de la economía local y del Archipiélago.

El segundo armonizar la expansión de esta oferta turística con el desarrollo del resto de los sectores económicos, con la consecución de un equilibrio social que satisfaga las necesidades de residentes y turistas, así como con las infraestructuras, servicios y equipamientos existentes.

Además, el compatibilizar el uso de vivienda vacacional con la finalidad de proteger el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el uso eficiente del suelo y demás recursos naturales; y, finalmente, respetar la proporcionalidad y el carácter no absoluto en la implantación del uso de vivienda vacacional para que contribuya a asegurar la calidad de vida de la población residente, su bienestar social y la conservación de los signos de identidad cultural, favoreciendo la integración de la actividad en el entorno económico, cultural, social y ambiental de cada isla, municipio y núcleo.