El Gobierno canario recuerda "falta" de financiación de ley de eficiencia en Justicia en su proceso de implementación

Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto
Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 25 abril 2025 13:04

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha remarcado este viernes en comisión parlamentaria que desde el Gobierno se "echa en falta" financiación para llevar a cabo la implementación de la ley de eficiencia de la Justicia ya que, ha dicho, "viene sin un euro".

Si bien la consejera Lady Barreto ha reconocido que tanto el real decreto 6/23, en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, como la ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, son dos normativas "revolucionarias" e "importantes" en materia de administración, la ley de eficiencia ha llegado "sin un euro", lo que supone dificultades de financiación para el Ejecutivo en Canarias.

"Lo hemos dicho en todos los sitios. Se lo hemos dicho al Ministro, se lo hemos dicho al Secretario de Estado, y lo hemos dicho en sede parlamentaria, donde quieran que me han preguntado. Tenemos que hacer una transformación de juzgados en tribunales de instancia con lo que supone, sin un euro. Porque los fondos europeos están muy bien, pero es para todo esto que estamos haciendo. Entonces, bueno, aquí se echan falta partes de financiación", ha aseverado.

La consejera del Ejecutivo regional ha comparecido en el Parlamento canario a petición de Nueva Canarias-Bloque Canarista, quién ha solicitado conocer el grado de implementación en Canarias del mencinado decreto ley, cuáles han sido los avances y las distintas dificultades y obstáculos de su puesta en marcha.

"Creo que va a ser una auténtica revolución en cuanto a los órganos judiciales y a la justicia en general. Pero también es importante recalcar, y lo repito, que se verá pasado un tiempo, no lo veremos de manera inmediata, puesto que todo hay que implementarlo y además ponerlo en marcha", ha respondido la consejera regional.

En relación a los pasos que, por ahora, se emprenden en ese sentido, ha citado, en primer lugar, la generalización de la celebración de vistas y actos procesales, todo lo que tiene que ver con la presentación de escritos, actos de comunicación, consulta de expedientes judiciales, por vía telemática. "Es ya una realidad y tiene que seguir manteniéndose. Lo era en algunos casos y se termina de consolidar a partir de la norma, salvo unas excepciones que también prevé la ley para distintos órdenes jurisdiccionales".

También ha mencionado los sistemas puestos a disposición de las oficinas judiciales, entre ellos una herramienta de vídeo para el trabajo colaborativo, que permite realizar reuniones en cualquier lugar, a través de la red, y elaborar presentaciones. A ello se suma otra plataforma puesta en marcha para comunicar a la propia administración con distinos colectivos, como el SCS.

Por su parte, sobre la obligación del 'papel cero' en estas instancias, ha subrayado la prórroga solicitada desde la sala de gobierno, concretamente hasta junio. Un trabajo que se suma a los proyectos en marcha con inteligencia artificial, para la anonimación de las resoluciones y la búsqueda y de análisis de datos con fines de gestión documental, lo que permitirá acortar plazos.

BALANCE SOBRE EL REAL DECRETO

"De las 44 acciones en materia de modernización que tiene que sacar esta comunidad autónoma adelante, nos quedan dos, una en despliegue y una pendiente de iniciar. Y el plazo para terminar las cosas que debe establecer el real decreto es en noviembre de 2025. Creo que la tarea está iniciada y encaminada", ha agregado.

La consejera regional ha considerado, asimismo, que los órganos judiciales, la Administración de Justicia en Canarias, están "adaptados" para cumplir con ese decreto y, por el momento, se "preparan" para cumplir con la Ley Orgánica 1/25.

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