Antonio Morales y Raúl García Brink - CABILDO DE GRAN CANARIA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía, ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, la modificación del Real Decreto (RD) 451/2022, al considerar que su aplicación actual "genera un trato desigual" entre beneficiarios de ayudas a energías renovables en Canarias.
En concreto, señala que en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), distintas líneas de ayuda financiadas con cargo al mismo componente (C7.I2) "están siendo sometidas a condiciones de ejecución diferentes", según ha informado la institución insular en nota de prensa.
Subraya que mientras que las ayudas gestionadas directamente por el IDAE han sido "flexibilizadas", permitiendo ampliar los plazos de ejecución y adaptar el cumplimiento de los hitos; las reguladas por el Real Decreto 451/2022, incluidas las vinculadas a la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas, y gestionadas por el Gobierno de Canarias, "mantienen un régimen más restrictivo, con plazos cerrados y sin posibilidad de modificación".
Al respecto, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha resaltado que lo que plantean "es una cuestión de justicia y de coherencia" en la gestión de los fondos europeos porque "no puede haber proyectos que, siendo iguales y financiados con los mismos recursos, tengan condiciones distintas en función de cómo se gestionan".
Es por ello que ha advertido de que "no" van a aceptar un "trato desigual que perjudica" a Gran Canaria y "pone en riesgo inversiones estratégicas" para la transición energética, de ahí que aseguró que acudirán a "los tribunales y a todas las instancias que sean necesarias para defender los intereses" de la isla y "pelear unos fondos europeos que son ahora más necesarios que nunca".
Este trato "desigual", agregó, "debió haberse corregido ya en el Real Decreto-ley 7/2026, aprobado por el Gobierno y convalidado el pasado jueves en el Congreso, incorporando medidas que garantizaran" la igualdad en la ejecución de estos fondos, "especialmente en un territorio ultraperiférico como Canarias".
Morales expuso que esta diferencia implica que proyectos "con el mismo origen de financiación y los mismos objetivos están sujetos a reglas distintas", constituyendo un "trato desigual no justificado" y pudiendo "comprometer tanto la ejecución de las inversiones como la correcta absorción" de los fondos europeos en Canarias.
Por su parte, el consejero insular de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento, Raúl García Brink, expuso que en el contexto internacional actual, "marcado por la inestabilidad geopolítica y la subida de los precios de la energía, no se entiende" que el Gobierno central "no esté articulando medidas que favorezcan" la soberanía energética en un territorio ultraperiférico y "vulnerable" como Canarias, además del "impacto" de esta situación sobre un "amplio tejido de pequeñas y medianas empresas instaladoras que dependen de estos proyectos".
El Cabildo de Gran Canaria ha exigido la homogeneización de las condiciones de ejecución entre todas las líneas de ayuda financiadas con cargo al PRTR y la incorporación de mecanismos de flexibilidad equivalentes, iniciativa a la que apuntan se han sumado distintas entidades como la comunidad energética privada de El Goro que "ha manifestado que presentará también una instancia en el mismo sentido", o la comunidad energética de Gáldar y el propio Ayuntamiento de Gáldar. A
Finalmente indican que se prevé que, en los próximos días, se adhieran nuevas entidades públicas y privadas, "reforzando una posición común en defensa" de un tratamiento "justo y equitativo" de los fondos europeos en Canarias.