SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
Cientos de menores extranjeros no acompañados provenientes de África alojados en centros del Gobierno canario corren el peligro de ser víctimas de violencia y malos tratos, según Human Rights Watch en un informe hecho público hoy jueves. Esta organización no gubernamental exige al Gobierno de Canarias el cierre de los centros de acogida.
El pasado año, más de 900 menores no acompañados llegaron a Canarias tras una travesía peligrosa y, a menudo traumática, en endebles cayucos, según el informe. En respuesta al número "sin precedentes" de menores no acompañados llegados hasta sus costas, las autoridades autonómicas canarias abrieron hace un año cuatro centros de emergencia para albergar a 400 ó 500 niños no acompañados, principalmente chicos de Senegal y Marruecos.
El informe de 128 páginas, denominado 'Responsabilidades no bienvenidas: España no protege los derechos de los menores extranjeros no acompañados en las Islas Canarias', documenta cómo los menores permanecen en estos centros por períodos de tiempo "ilimitados, a menudo en condiciones pobres y de masificación".
Los niños declararon a Human Rights Watch que habían sufrido "palizas por parte del personal y que no habían sido protegidos de la violencia ejercida por sus compañeros". No tienen acceso a una educación pública, tienen pocas oportunidades de ocio y recreo, y su libertad de movimiento es indebidamente restringida, según esta organización.
"Las autoridades españolas deben proteger a estos niños y no dejarlos sufrir palizas ni abusos," indicó Simone Troller, investigadora de Human Rights Watch para los derechos de los niños en Europa. "El Gobierno canario debe cerrar estas instalaciones y trasladar estos niños a centros de acogida mejores", agregó Troller.
Las autoridades canarias y el Gobierno español "no ofrecen, hoy por hoy, ninguna solución" para los menores que continúan en esos centros. El traslado de 500 jóvenes a mejores centros en la península, en el marco de un acuerdo negociado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha aliviado "sólo parcialmente" la presión que sufren los servicios de protección canarios. Además, la implementación de este acuerdo "ha discriminado a los menores marroquíes, que no han sido seleccionados para los traslados".
Con independencia de si los niños tienen derecho a permanecer en el país, mientras se hallan en territorio español tienen derecho a disfrutar plenamente de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que España ratificó en 1990, tal y como recordó esta ONG.
El Gobierno debe identificar una solución duradera tan pronto como llegan, y los menores han de poder solicitar asilo. También debe proceder a la reunificación familiar sólo después de valorar y constatar que tal medida redunda en el interés superior del menor y que no comporta ningún riesgo para su bienestar. Si no es posible la repatriación por motivos jurídicos o de hecho, el Gobierno de España debería ofrecer a estos niños oportunidades reales de integrarse y de permanecer en una situación regular.
"No soy feliz aquí; si pudiera me iría de este centro. No nos dan buena comida," dijo un chico senegalés de 17 años en el centro de emergencia de La Esperanza en Tenerife. "Cuando les decimos que tenemos hambre, nos dicen que en Senegal nos moríamos de hambre y que deberíamos estar contentos de que al menos nos den comida", agrega el informe.
Los menores relataron a Human Rights Watch muchos incidentes de malos tratos y de desprotección ante la violencia. Otro chico de 17 años en La Esperanza dijo que "un chico tuvo problemas con (un educador). Ese día el (educador) lo llevó a las duchas y le dio una paliza. El niño tenía sangre en la boca y su ropa estaba ensangrentada (no pudo volver a usar esa camiseta)." Un chico de 13 años del centro de emergencia de Arinaga dijo que "los (educadores) miran para otro lado conscientemente cuando [otros niños] dan una paliza a otro chico."
Human Rights Watch insta al Gobierno canario y español a que elabore e implemente un plan para cerrar los centros de emergencia y traslade a los niños a hogares de acogida alternativos, en Canarias o en la Península. Este plan debe favorecer el bienestar y el desarrollo del menor y garantizar el pleno disfrute de los derechos que le corresponden según la legislación nacional e internacional.
Las autoridades deben investigar las alegaciones de abuso y maltrato de los niños y dirimir la responsabilidad de los autores. Deben también informar a todos los niños de sus derechos en un lenguaje que comprendan, poniendo especial énfasis en el derecho de los niños a obtener la autorización de residencia y un permiso de trabajo, y el derecho a la educación y a la salud.
"Los menores extranjeros no acompañados siguen llegando a las costas de las Islas Canarias," dijo Troller. "Las autoridades españolas deben implementar de manera urgente una solución duradera que respete plenamente los derechos de los menores".
