Ingenieros agrónomos de Canarias piden incluir un órgano de apoyo en el nuevo reglamento de uso de suelo agrario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias han considera "imprescindible" que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias cree un órgano de apoyo que dé servicio a los técnicos municipales que carecen de formación agraria para "mejorar la eficiencia a la hora" de otorgar autorizaciones a los proyectos agrarios que se planteen.

Esta es una de las aportaciones que ha realizado el Colegio en la consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario de la Consejería de Agricultura, según informó el organismo en nota de prensa.

El nuevo reglamento tiene como fin corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos, por lo que el Colegio recoge en sus observaciones que el reglamento debe permitir el "normal funcionamiento" de la actividad agropecuaria, "evitando al máximo la afección" al medio natural, así como "minimizando el posible" impacto visual que las construcciones e instalaciones agropecuarias causan sobre el paisaje.

Asimismo, entiende que el reglamento debe definir los actos de ejecución propios de las actividades agrarias, así como establecer criterios agronómicos asociados a los mismos y homogéneos para todos los municipios de Canarias.

Añade que la actividad agraria que se desarrolla o pudiera desarrollarse en el suelo agrario, tanto en los la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos como la que forma parte de la Red natura 2000, "no debe verse limitada ni por la falta de adaptación de dichos instrumentos a la Ley 4/2017, de 13 de julio del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias ni por la falta de adaptación de estos a la normativa que el reglamento vaya a establecer".

Por último, el Colegio también ha solicitado una "aclaración exhaustiva" sobre la aplicación directa de la normativa sectorial con incidencia territorial, ya que apuntan que "es de obligado cumplimiento" por parte de las explotaciones agrarias y desplaza la normativa urbanística.

Finalmente, entienden que el reglamento debe establecer distancias entre explotaciones ganaderas con respecto a suelo urbano y urbanizable, así como su metodología de cálculo.