El Instituto Canario de la Vivienda "endurece" las condiciones para descalificar las VPO "cada año"

Palmas de Gran Canaria, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Canario de la Vivienda (ICV) "endurece" las condiciones para descalificar las Viviendas de Protección Oficial (VPO) "cada año". Así lo manifestó el director del organismo, Jerónimo Fregel, quien adelantó que la Administración regional y el Colegio de Registradores de Canarias suscribirán "pronto" un acuerdo de intercambio de información para seguir "de cerca" las ventas de las VPO. En la actualidad, los asesores jurídicos revisan el documento "y apenas den su aprobación, podrá firmarse".

Ahora que los tipos de interés bancarios registran máximos históricos, el momento parece poco propicio para asumir una hipoteca con dos o más décadas de duración. En cambio, la coyuntura económica puede empujar a los propietarios de viviendas a venderlas, incluso las protegidas y aunque sus dueños no se encuentren en alguno de los supuestos que la ley contempla para autorizar su traspaso.

Además, la relativa facilidad para conseguir un préstamo durante los últimos diez años y los bajos intereses han incrementado la diferencia entre el precio de las viviendas libres y las VPO. El mercado "penaliza" las viviendas protegidas tanto por el menor valor que la ley les asigna como por la imposibilidad legal de los bancos para otorgar una financiación por encima del 80 por ciento de su valor, mientras que los compradores de las viviendas libres han podido conseguir préstamos hasta por el 120 por ciento del precio.

La Administración canaria es consciente de la situación y quiere adelantarse a ese escenario. Desea obtener información sobre las operaciones que se efectúen con las VPO y, además, tiende a restringir las descalificaciones voluntarias de las viviendas protegidas.

La legislación contempla otros dos tipos de descalificaciones; la automática, que ocurre por el simple paso del tiempo, y la que se aplica como una sanción ante el incumplimiento de las obligaciones que la ley impone al propietario de la vivienda. Entre otros deberes, los dueños de VPO deben mantenerlas como su domicilio permanente y no pueden venderlas por encima del precio autorizado.

"Todas estas limitaciones persiguen mantener un parque de vivienda protegida que garantice a los canarios que realmente lo necesiten el acceso a una casa", explicó Fregel. "La medida también contribuye a que el precio de la vivienda libre modere su subida". Las restricciones a la transmisión de las VPO "buscan primar la autorización de venta por encima de la descalificación voluntaria, para que las viviendas conserven su régimen protegido".

Cada Plan de Vivienda, el instrumento a través del que el Gobierno fija sus metas en esta materia, establece las condiciones en las que los beneficiarios de ayudas para la adquisición de viviendas protegidas pueden optar a la descalificación voluntaria.

Las VPO construidas bajo el plan vigente, que regirá hasta 2008, establece el plazo de la descalificación en 30 años "pero impide la descalificación voluntaria". El plan pasado sí permitía la descalificación voluntaria sin esperar el plazo de la automática "a partir del año 15 y bajo condiciones muy concretas", mientras que el plan anterior abría la posibilidad de iniciar el trámite al décimo año.