El instructor de la investigación eólica afirma que las empresas "no tenían la impresión" de estar en desventaja

Actualizado: sábado, 7 octubre 2006 14:00


SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general técnico de la Consejería regional de Industria e instructor de la investigación administrativa interna del caso eólico, Juan González Fontes, dijo ayer, a la comisión de investigación del Parlamento, que las empresas presentadas al concurso eólico "no tenían la impresión" de estar en desventaja. Juan González careció de argumentos para determinar la existencia de un tráfico de información privilegiada durante el mandato del ex director general de Industria del PP, Celso Perdomo. Por ello, en octubre de 2005, no recomendó la suspensión del concurso eólico aunque, tres meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decide lo contrario.

La Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno regional inició en julio de 2005 una investigación interna a petición del Parlamento y tras recibir la denuncia de Alberto Santana investigada por el juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Tres meses después, esta investigación concluyó que no hubo irregularidades administrativas.

Juan González aseguró que "no me corresponde" saber si llegaron los dos correos electrónicos, enviados desde la dirección general de Perdomo antes de proceder con la convocatoria del concurso. En ellos se incluía el borrador de las bases del concurso y los contactos con los cargos públicos para conseguir suelo público.

El instructor de la investigación dijo carecer de "capacidad penal y esas eran las dos pruebas aportadas para la evidencia del delito". González, sin embargo, hizo una valoración del contenido de los correos comparando además si el borrador del concurso coincidía con el que finalmente se aprobó. El secretario general técnico sostuvo que "no coincidían y que tenían notables diferencias y concluía que no tenía argumentos suficientes para decir que esa información, en manos de un competidor, le ponía en una posición que le garantizaba" la asignación de la potencia

En relación a la posible existencia de tráfico de información privilegiada en los suelos públicos, Fontes agregó que era "relativa" porque se podía acceder a través de un registro público y acudiendo a la página de Internet del Gobierno se podía conocer el rendimiento de los suelos. Pero además, para ahondar en su argumentación, recalcó que la cesión del suelo público se hace por un procedimiento reglado.

Tras estas especificaciones reiteró que "no tengo argumentos suficientes para pensar que las empresas se colocaban en una posición de ventaja" con esos dos correos electrónicos y que "se les garantizaba la potencia porque si fuera así, hubiera propuesto que se suspendiera" el concurso eólico.

Durante la investigación interna, agregó, "ninguno" de los representantes de las 400 solicitudes presentadas se dirigió a la Consejería "pidiendo la anulación, querían que se siguiese" con el concurso. Posteriormente, según Fontes, en el trámite de revisión de oficio, tras decidir la Consejería que acataba la decisión del TSJC de anulación del concurso, "la practica totalidad de las empresas pide que se resuelva la convocatoria, luego no tenían ellos la impresión de que estuvieran en inferioridad de condiciones, consideraban probablemente que tenían expectativas y que las tenían intactas seguramente". En opinión del secretario general "eso hay que valorar".

Sobre el ex jefe de servicios e imputado en el caso eólico, Honorato López, el instructor dijo que tomó parte en la investigación interna antes de que se conociera su condición judicial y que, tras la decisión del juez Miguel Angel Parramón, fue apartado del área de las energías renovables. González Fontes negó que este imputado esté, en la actualidad, interviniendo en la elaboración de los procedimientos administrativos para poner en marcha el nuevo concurso para la asignación de los parques eólicos.

Para el secretario general, su contacto telefónico con Celso Perdomo para ponerle en conocimiento del inicio de la investigación interna estaba dentro de la normalidad puesto que era uno de los inculpados por la denuncia de Alberto Santana.