LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Jueces para la Democracia en Canarias ha criticado la "utilización partidista" que se está realizando de la Administración de Justicia ante las elecciones generales del 20 de diciembre y en alusión a la investigación disciplinaria que la Fiscalía de Las Palmas ha incoado a la ex juez Victoria Rosell, candidata de Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas.
En concreto, la Fiscalía de Las Palmas ha incoado una investigación a la ex juez para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comprueba si Rosell incumplió alguno de sus obligaciones en el caso que investiga al empresario Miguel Ángel Ramírez, quien posteriormente haría negocios con su compañero sentimental, Carlos Sosa.
Ante esta situación, Jueces para la Democracia critica, en un comunicado, la "utilización partidista" de la Justicia que, subrayó, "en este caso afecta gravemente a la independencia judicial", por lo que inciden en la importancia de que "se adopten medidas necesarias para evitar que se siga comprometiendo a instituciones llamadas a realizar una función fundamental en un Estado de Derecho".
Asimismo, indican que las actuaciones de la Fiscalía sobre Rosell se habrían "llevado a cabo negando a los interesados el acceso al expediente, vulnerando con ello sus derechos y al margen del proceso legalmente establecido".
En este sentido, también resaltan que la "competencia exclusiva" en materia disciplinaria de jueces y magistrados, tanto en el procedimiento disciplinario propiamente dicho como en la fase previa de comprobación, "la ostenta el CGPJ, sin que exista ninguna atribución específica del Ministerio Fiscal por la que éste pueda iniciar unas actuaciones como las que ha tramitado".
Finalmente, critica que se han publicado "numerosas informaciones acerca del contenido de este expediente, que tiene carácter reservado y al que tan siquiera han tenido acceso las partes", por lo que subraya que se trata de una "filtración interesada de datos e informaciones de carácter reservado que violenta los derechos de los afectados y deteriora la imagen de los órganos de justicia".
