Publicado 24/07/2020 15:10:38 +02:00CET

La justicia avala el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz que acredita la expulsión de Evelyn Alonso de Cs

Evelyn Alonso, concejala de Ciudadanos en Canarias
Evelyn Alonso, concejala de Ciudadanos en Canarias - CEDIDA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha notificado este viernes el auto que resuelve denegar la medida cautelar de suspensión del acuerdo del pleno de Santa Cruz de Tenerife del día 9 de julio de 2020, por lo que da por acreditada la expulsión de la concejala Evelyn Alonso de Ciudadanos (Cs).

Se adopta esta decisión después de que Cs, ante el apoyo que dio Alonso a la moción de censura que se produjo en el citado Ayuntamiento, el pleno la consideró concejala no adscrita, conservando todos los derechos inherentes a su condición de representante local, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un nota de prensa.

Si bien la defensa de Evelyn Alonso sostiene en su escrito de petición de medida cautelar que la expulsión de un partido "es una cuestión interna del mismo no revisable por el Ayuntamiento" aunque admite que éste tiene el deber de realizar un "control mínimo de verificación de la acreditación de la expulsión, que consiste en un control puramente formal que el Ayuntamiento".

Así, el Juzgado resuelve esta petición de medida cautelar y la deniega al considerar que "no se cumple un requisito necesario, que es la existencia de un perjuicio de imposible o muy difícil reparación", si bien en el caso de Alonso se entiende que la concejala recurrente "está actualmente en una situación de ejercicio pleno del núcleo de su función representativa, que queda preservada".

Asimismo, la resolución judicial se basa en la doctrina del Tribunal Constitucional para exponer que el núcleo esencial de la función representativa corresponde a aquéllas funciones que sólo pueden ejercer los concejales como titulares del cargo público por ser la expresión del carácter representativo de la institución, y de la que no pueden ser privados, y que consiste en participar en la función de control del gobierno local, participar en las deliberaciones del pleno, votar en los asuntos sometidos a votación, y el derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las funciones anteriores.

También recoge que el nombramiento para cargos relacionados con el gobierno y la administración del municipio, como son la pertenencia a la Junta o Comisión de Gobierno, no se integra en el núcleo esencial de las funciones del concejal, ya que se trata de nombramientos que tienen aspectos de la organización y estructura consistorial dentro de las potestades que corresponden al alcalde de la corporación, lo que determina que el artículo 23.2 de la Constitución no resulte vulnerado por la exclusión de los concejales no adscritos de tales nombramientos.

De todos modos, explica el auto judicial que en este caso lo que se pretende evitar con la medida cautelar "es el posible perjuicio por eventual pérdida de expectativas de ser nombrada en cargo remunerado relacionado con el gobierno y la administración del municipio".

Por último, señaló que la diferencia del presente asunto con el caso de la medida cautelar que resolvió el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, relativo al Ayuntamiento de Valle Gran Rey, consiste en que el pase a la situación de no adscritos suponía el cese como Tercer Teniente de Alcalde y concejala responsable de las Áreas de Fiestas, Bienestar Social, Mujer, Igualdad y Juventud, respectivamente, lo que se apreció que conllevaba un perjuicio de imposible o muy difícil reparación en caso de ser estimado su recurso.

Esta resolución decide sobre una petición de medida cautelar mientras se tramita y resuelve la cuestión litigiosa, siendo recurrible en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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