Millán niega los hechos y se enfrenta a una pena de entre 12 y 21 años de cárcel por abusos sexuales a menores

(Rogamos que sustituyan esta noticia por la anterior sobre el mismo tema por una precisión en el titular) El subcampeón olímpico Antonio Peñalver, que tuvo a Millán como entrenador en Murcia, declarará en calidad de testigo La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido este martes el inicio del juicio contra el ex seleccionador nacional de pruebas combinadas de atletismo, Miguel Ángel Millán, por dos presuntos delitos de abusos sexuales continuados a menores en Tenerife. Millán, que ha negado los hechos y ha mostrado su contrariedad con el relato esgrimido por la Fiscalía y la acusación particular, se enfrenta a una pena de entre 12 y 21 años de cárcel por unos hechos ocurridos entre los años 2010 y 2011, y 2015, cuando los jóvenes eran menores de edad. En la jornada de apertura del juicio, la Fiscalía ha mantenido su petición de doce años de cárcel para Millán --ya lleva más de uno en prisión provisional-- más su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para ejercer su trabajo de entrenador, la prohibición de desarrollar actividades deportivas con menores de edad y la obligación de participar en un programa formativo de orientación sexual. Asimismo, solicita una indemnización de 22.000 euros --12.000 euros para una de las víctimas y 10.000 euros para la otra-- por perjuicios morales. En su escrito, la Fiscalía apunta que Millán se valía de su "prestigio" como entrenador para "satisfacer" su instinto sexual "violentando" la intimidad de los menores, y se aprovechaba de su diferencia de edad para "granjearse" la confianza de los jóvenes, interés por ellos que aumentó cuando le confesaron su homosexualidad. El primer caso se produjo entre los años 2010 y 2011 cuando la víctima contaba con entre 13 y 14 años y el segundo, en 2015, siempre con el mismo 'modus operandi' de ganarse su confianza primero y después retirarla si los jóvenes no atendían a sus requerimientos sexuales. De hecho, una de sus prácticas habituales era lograr compartir habitación con las víctimas cuando se celebraban pruebas atléticas fuera de la isla. Por su parte, la acusación particular solicita un total de 21 años de cárcel para Millán, más otros 14 años de inhabilitación para ejercer como profesor o entrenador, la prohibición durante diez años de que se acerque a menos de 500 metros de las víctimas y diez años de libertad vigilada, más una indemnización de 60.000 euros --30.000 euros para cada afectado-- por daños y perjuicios. En su escrito, aporta informes psicológicos de los jóvenes que confirman que su relato es "sincero y veraz", con un comportamiento compatible con un "trastorno emocional" que les provoca "maltrato, enfado, vergüenza, ansiedad y miedo". Uno de ellos, incluso, se encuentra en tratamiento psicológico desde mayo de 2017 al presentar "moral baja" y un sentimiento de "frustración e irascibilidad" derivado de los episodios de abusos sexuales. Además, ha aportado testimonios de más de una decena de menores que describen situaciones muy similares de la época en que Millán trabajó en Murcia como profesor de Educación Física en centros educativos y entrenador de un club de atletismo (Alhama). La defensa ha pedido la libre absolución y ha alegado "indefensión" porque el secreto de sumario no se notificó ni está motivado, lo que les impidió nombrar a su propio perito para participar en la exploración psicológica de uno de los denunciantes --que fue examinado por Medicina Legal--. Incluso, ha solicitado la nulidad de la prueba debido a los "defectos constantes e irregularidades" del proceso, algo rechazado por el magistrado Joaquín Astor Landete porque la petición de perito propio debió realizarse durante la instrucción. La Federación Española de Atletismo, citada en el juicio como responsable civil subsidiario, al igual que el Tenerife Cajacanarias --club donde Millán prestaba sus servicios y que no ha comparecido--, ha apuntado que el acusado dejó tener una relación laboral estable con el ente en diciembre de 1992 y a partir de ahí, mantuvo una colaboración "de forma esporádica" y con contratos mercantiles, hasta un total de 15, de 30 días de duración, durante 14 años. Asimismo, ha señalado que esa relación laboral siempre fue en los centros de alto rendimiento de Madrid y Barcelona y "nunca" en Tenerife, hasta el punto de que la Federación "no pagaba" a Millán por los entrenamientos que realizaba a las presuntas víctimas. Ha insistido en que es "radicalmente falso" que lleve trabajando 30 años para la Federación, que desconocía la relación entre el entrenador y los atletas y que, en todo caso, los hechos se producen en el "ámbito privado". Además, ha aclarado que la Federación está "preocupada" por el riesgo de abusos y agresiones sexuales en el atletismo de ahí que en 2014 pusiera en marcha un protocolo. El juicio prosigue en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña a puerta cerrada para salvaguardar la intimidad de las víctimas, los familiares y los testigos, y se extenderá hasta el próximo 1 de febrero. En principio, el subcampeón olímpico Antonio Peñalver y los otros atletas murcianos que fueron entrenados por Millán declararán el jueves en calidad de testigos --también lo hará esta semana por videoconferencia el expresidente de la Federación de Atletismo, José María Odriozola--, mientras que Millán cerrará las sesiones los días 30 de enero y 1 de febrero.

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