Mogán pide al Gobierno canario medidas "correctoras concretas" para aplicar la Ley de Uso Turístico de Viviendas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, han solicitado este lunes al Gobierno de Canarias medidas "correctoras concretas" para que ayuntamientos y pequeños propietarios puedan aplicar la nueva Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turísticos de Viviendas de Canarias, aprobada por el Parlamento el pasado 12 de noviembre.

Esta petición se realiza porque aseguran que la norma "genera una enorme inseguridad" jurídica, exige unos requisitos "inasumibles" para pequeños propietarios e implica una "sobrecarga insostenible" a los ayuntamientos, ya que apuntan que los mismos deberán asumir, en el plazo de ocho meses, labores que "ni el Gobierno autonómico ni los cabildos realizaron en los últimos diez años".

Por ello, subrayan, piden incorporar, "de forma inmediata", medias correctoras concretas porque, de lo contrario, "será el fin de las Viviendas Vacacionales (VV) en el archipiélago", según ha informado el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa.

Actualmente exponen que la nueva regulación "obliga" a los ayuntamientos a evaluar y controlar las VV como actividades clasificadas, una categoría que consideran que "ni encaja en su naturaleza ni ha sido aplicada hasta ahora por falta de claridad normativa".

Añaden que, según el Gobierno de Canarias, esta "falta de claridad" ha generado durante una década una "situación de indefensión" a los propietarios y "ausencia total" de inspecciones por parte de la administración competente, que antes de esta norma "no eran los ayuntamientos".

Sin embargo, Bueno matizó que "no" existe un marco jurídico "claro" que permita aplicar la normativa de actividad clasificada a las VV, "tal y como avalan informes técnicos municipales", que indican que las VV "no generan molestias ni riesgos equiparables a hoteles, apartamentos turísticos o establecimientos con instalaciones comunes que justifican su clasificación". Por contra, indican que la mayoría de los casos "son actividades inocuas, semejantes a un arrendamiento temporal".

APLICACIÓN EN OCHO MESES

Por otro lado, Bueno apuntó que la ley impone a los municipios planes de comprobación, inspección y control masivos, así como comenzar a aplicarlos en ocho meses, "cuando durante la última década, ni el propio Gobierno canario ni los cabildos --administraciones competentes-- exigieron a los propietarios los trámites que supone que las VV sean considerada actividad clasificada y, tampoco realizaron inspecciones turísticas" en los pisos vacacionales.

La norma, dijo la alcaldesa, convierte a los ayuntamientos "en verdugos" de la VV, ya que aunque los cabildos emitan informes vinculantes que puedan ordenar la denegación o revocación de la licencias, "deja en manos de las administraciones locales la resolución final".

Esto, apuntilló, provocará que deban afrontar litigios por estas denegaciones o revocaciones, un "riesgo jurídico que no" les corresponde, ya que "serán consecuencia del incumplimiento" de los requisitos exigidos por el Gobierno de Canarias.

"RIESGO REAL"

Por otro lado, consideran que los pequeños propietarios de VV están ahora "ante un riesgo real de perder" la licencia si "no" cumplen con los "complejos" requisitos y trámites necesarios derivados de considerar las VV como actividad clasificada.

Además cree que "sigue sin haber un marco común claro", ya que cada cabildo y cada ayuntamiento podrá interpretar la ley "de forma diferente, lo que puede provocar situaciones injustas", como que una VV aprobada en una isla sea denegada en otra teniendo idénticas condiciones.

También señaló que los pequeños propietarios deberán asumir, en un breve periodo de tiempo, costes económicos elevados por la necesidad de adaptar las viviendas a unos estándares "elevados", "aportar informes técnicos y documentación adicional" para consolidar el uso turístico o someterse a inspecciones "masivas", entre otros.

Es por ello que la alcaldesa de Mogán solicita que el Gobierno de Canarias incorpore a la Ley una Disposición Transitoria que "establezca un plazo de seis meses para aprobar un decreto que detalle claramente" los requisitos que deben cumplir las VV respecto a actividades clasificadas; además de pedir la "suspensión temporal" de la comprobación de actividades clasificadas para las VV dadas de alta antes de la Ley, mientras ese decreto no exista; y que las VV previas en suelo residencial no se consideren contrarias al planeamiento.

También propone dos alternativas, la primera es modificar el Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa previa, para que las VV se definan como actividad no clasificada o inocua, igual que los arrendamientos de temporada, dado que estas "no generan molestias ni riesgos significativos y, por tanto, su encaje natural no" es el de una actividad clasificada.

Y la segunda opción es la de modificar el Reglamento de Actividades Clasificadas (Decreto 86/2013) para incluir a las VV dentro del Artículo 69: Actividades Exentas, tal como ya ocurre con los hoteles y apartamentos turísticos sujetos a autorización previa.

La alcaldesa moganera ha insistido en que si ninguna de estas propuestas se incorpora, la nueva ley "acabará con las viviendas vacacionales en Canarias, afectando a miles de familias que complementan sus ingresos con esta actividad, creando inseguridad jurídica y colapsando" la gestión municipal, y "todo", matizó, "en beneficio" de los grandes empresas hoteleras.

Bueno ha informado que el recurso directo de inconstitucionalidad frente a una norma con rango de Ley como esta ha de interponerse en un plazo de tres meses desde la publicación y los "únicos legitimados son: el presidente del Gobierno, 50 senadores/diputados y el Defensor del Pueblo".