Archivo - Patera rescatada por Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este lunes que el Gobierno central tiene la "obligación" de atender la "falta de efectivos" que señalan las organizaciones y asociaciones de quienes atienden a los inmigrantes que llegan a las costas del archipiélago.
Morales ha subrayado, en un comunicado, que "hay urgencias que no admiten dilaciones" en las actuaciones a realizar "ni deben estar condicionadas por el calendario electoral", tales como puede ser el rescate de una embarcación en peligro, la atención a quienes alcanzan las costas o "proporcionar una acogida digna".
Las últimas cifras de llegada de migrantes a las costas del archipiélago, matiza, "expresa la intensidad de una situación que exige capacidad operativa, coordinación administrativa y decisiones inmediatas", así como "mirar más allá del recuento".
En este marco, ha considerado que "convertir esos números en una controversia partidista, sin atender" a las condiciones en que se recibe a las personas, "supondría desplazar el debate desde las obligaciones públicas hacia la disputa por el relato", todo ello mientras Canarias si bien "puede responder solidariamente", "no debe quedar obligada a responder en solitario".
"La disposición de las instituciones insulares, de los equipos profesionales y de la sociedad no sustituye la responsabilidad del Estado. Tampoco convierte la proximidad geográfica en un criterio suficiente para distribuir el esfuerzo de acogida", ha apuntillado.
Y es que, matiza, las llegadas a El Hierro, y también a Lanzarote, "tienen consecuencias para Gran Canaria y Tenerife y, en algunos casos, para Fuerteventura, hacia donde se realizan traslados posteriores", resaltando que son "no" son emergencias insulares "incomunicadas, sino de una realidad compartida que requiere cooperación". De esta forma, destaca que la "solidaridad entre islas constituye una respuesta imprescindible pero tiene límites materiales".
En concreto, expone que la cooperación territorial "necesita medios y planificación, de lo contrario, corre el riesgo de transformarse en una exigencia permanente de sacrificio" para quienes se encuentran más cerca de la emergencia. Morales entiende que El Hierro "debe ser compensada", como se ha acordado, con ayudas sociales, fiscales, empresariales y de inversión pública.
PLAZAS DISPONIBLES
Por otro lado, se ha referido a que "existen plazas disponibles" en el Programa de Acogida Humanitaria fuera de Canarias, mientras los recursos del archipiélago "soportan una presión creciente". Por ello, subraya que la "cuestión central es asegurar" que pueda utilizarse mediante una coordinación "eficaz" porque mantener los traslados "no representa una concesión excepcional a las islas, sino una manera de distribuir" la respuesta dentro del territorio estatal.
Para Morales el objetivo "no debería ser desplazar personas como si fueran una carga administrativa", sino organizar itinerarios de atención "compatibles con sus derechos y con la capacidad de los servicios", de ahí que ha incidido en la necesidad de que esos traslados "requieren previsión y continuidad".
En este sentido, ha incidido en que el Gobierno de España "tiene la obligación de atender" las advertencias de asociaciones, sindicatos y personal que se refieren a la "falta de efectivos y sobrecarga" de trabajo.
"Es una obligación ineludible escuchar a quienes intervienen directamente porque la capacidad real de un dispositivo no se mide únicamente por su existencia formal, sino por sus condiciones de funcionamiento. Un servicio puede estar operativo y, al mismo tiempo, trabajar bajo una presión difícil de sostener. La profesionalidad de sus integrantes no debería utilizarse como argumento para aplazar refuerzos", apostilló.
Por último, se ha referido a la "responsabilidad compartida" del Gobierno español y la Unión Europea con Canarias, "capaz de conectar rescate, acogida, traslados, cooperación institucional e iniciativas diplomáticas con Marruecos, Gambia, Senegal o Mauritania para prevenir travesías peligrosas y combatir redes criminales".