Las Palmas de Gran Canaria no cumple con requisitos para ser zona de mercado residencial tensionado, según un informe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria "no cumple ninguno" de los requisitos exigidos por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para ser considerada zona de mercado residencial tensionado atendiendo a los datos oficiales publicados, según el informe técnico que el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas (COELPA) ha elaborado a instancias de la empresa pública VISOCAN.

El estudio, que ha presentado el colegio este viernes, lleva por título 'Zona de Mercado Residencial Tensionado: municipio de Las Palmas de Gran Canaria', se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre COELPA y VISOCAN dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que tiene como fin analizar con datos oficiales y criterios técnicos la viabilidad jurídica y económica de declarar zonas tensionadas en el archipiélago.

El decano del Colegio de Economistas, Alcibíades Trancho Lemes, ha expuesto que las conclusiones del informe "devienen exclusivamente de fuentes oficiales y ha sido elaborado con rigor metodológico", afirmando que "ni la presión sobre la renta familiar ni el crecimiento de los precios supera los umbrales establecidos por la ley. Por tanto, no procede declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada, ni en su conjunto ni en ninguno de sus distritos", según ha informado el Colegio de Economistas en nota de prensa.

En este sentido, el director gerente de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN), Javier Terán, ha señalado que este estudio del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas "es una muestra más del compromiso que esta empresa pública del Gobierno de Canarias mantiene con la resolución del déficit habitacional que afecta" a las islas.

Terán subrayó que VISOCAN "trabaja en la promoción de vivienda protegida pero también colabora con iniciativas" que ayuden a conocer "en profundidad" el mercado inmobiliario canario. Añade que además de encargar este análisis, se lidera una puesta en marcha del Observatorio Canario de la Vivienda (OBVIA), un "instrumento clave" en el análisis del sector y su dinamización, así como en el intercambio de información que "favorezca" la toma de decisiones, la planificación y el desarrollo de una "estrategia eficaz" que dé respuesta a las "necesidades reales" de la ciudadanía.

En este marco, la coordinadora del estudio, la Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, Rosa Rodríguez, ha puntualizado que la ciudad "ha experimentado una disminución de 5.316 habitantes entre 2011 y 2023, lo que supone una caída del 1,39%", a lo que agregó que en el periodo 1991-2024, (33 años) "mientras la ciudad solo creció en población un 7,2%, la provincia de Las Palmas y la CAC lo hicieron en el entorno de un 50%, lo que refleja una pérdida de peso" de la capital.

Señala que en el periodo 2001-2021 (20 años) el parque de viviendas aumenta en 23.515 unidades para atender un número incremental de hogares estimado en 10.750 unidades de convivencia (incremento poblacional/tamaño medio), generando un excedente de 12.765 inmuebles. Además, en 2021 permanecían sin uso definido otras 7.164 viviendas, aparte de las 24.822 viviendas vacías.

Rodríguez subraya que "no" hay indicios de tensión estructural por "falta de vivienda", apuntando que la evolución del mercado residencial responde "no a una escasez de viviendas, sino más bien a una dinámica de sobredimensionamiento de vivienda", que "no son ofertadas en el mercado por sus propietarios".

El informe se basa en los dos criterios "clave" de la Ley 12/2023 para declarar una zona tensionada, tales como son por un lado que el coste medio de la hipoteca o alquiler más los gastos y suministros básicos de la vivienda superen el 30% de la renta media de los hogares; y, por otro, que el precio de compra o alquiler haya subido, en los últimos cinco años, más de tres puntos porcentuales por encima del IPC acumulado.

"Con datos oficiales ninguno de estos criterios se concluye ni a nivel municipal ni en los cinco distritos. La carga del esfuerzo económico de las familias está por debajo del límite legal y la evolución de precios, aunque ascendente, no alcanza los umbrales definidos", asegura Rodríguez.

ADVERTENCIA

Por último, indican que uno de los puntos "más relevantes" del informe "es la advertencia fundamentada" que realiza sobre el uso de portales inmobiliarios como fuente estadística válida. Tanto Fotocasa como Idealista publican precios de oferta o salida, es decir, los que fija el anunciante, y no los precios finales de cierre de las operaciones.

"En sus Webs, los portales reconocen que sus cifras no reflejan ni el precio medio corriente del alquiler ni el importe final de transacción. Son datos orientativos del mercado en bruto, sin depuración ni validación técnica, presentando unas diferencias significativas respecto a los datos oficiales", apuntan los economistas para agregar que esto "hace dudar sobre la consistencia" de los datos para la toma de una decisión "tan importante".

Asimismo el informe recoge que los distritos Centro, Ciudad Alta e Isleta - Puerto - Guanarteme presentan rentas medias superiores a la media regional, lo que implica una mayor capacidad de los hogares del municipio para afrontar pagos residenciales.

Añade que la estructura de los hogares refleja una tendencia clara hacia unidades más pequeñas. En 2021, el 52,8% de los hogares estaban compuestos por uno o dos miembros, una cifra que alcanzaba el 60,7% en el distrito Isleta - Puerto - Guanarteme, el más elevado de la ciudad. Lo que sugiere la necesidad de disponer de viviendas de menores dimensiones.

El estudio también aclara que ciertos gastos habitacionales, como las cuotas de comunidad de propietarios, no deben ser imputadas al inquilino salvo que lo indique expresamente el contrato, tal y como establece la sentencia del Tribunal Supremo 2129/2025. De este modo, señalan que "no deben contabilizarse" como parte del esfuerzo de pago si son asumidas por el propietario, como es habitual.

CENTRARSE EN CONOCER "MEJOR" EL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

Por último, dado que "no" se cumplen los criterios legales "ni existe una escasez" estructural de vivienda, el Colegio de Economistas recomienda centrar los "esfuerzos en conocer mejor" el parque público disponible.

En este sentido, propone identificar las viviendas en manos de la administración por herencias o impagos, y analizar el volumen real de viviendas vacías y sus causas, incluida la inseguridad jurídica que "frena a muchos" propietarios a sacarlas al mercado de alquiler.

También sugiere fomentar la rehabilitación y división de viviendas de gran tamaño, ofrecer incentivos fiscales efectivos, también de naturaleza municipal, y profundizar en el análisis del mercado de la vivienda (oferta-demanda-precios) a través del Observatorio de la Vivienda.

Asimismo plantea la necesidad de revisar la Ley 12/2023 para adaptarla mejor a la realidad del mercado y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios.