SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Canarias, con la abstención del Grupo Popular, ha aprobado una proposición no de ley (PNL) del PSOE dirigida a mejorar la atención y garantizar unas condiciones de vida mínimas para los canarios que cumplen condena en cárceles del extranjero, donde hay 35 presos canarios en once países diferentes, doce de ellos en Perú.
A través de esta PNL, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Estado a cumplir las recomendaciones consignadas en el último informe de la Defensora del Pueblo relativo a la situación de los presos españoles en el extranjero, como agilizar los trámites para que los traslados a cárceles españolas se hagan en unos términos razonables, pues en estos momentos el plazo es de año y medio.
También insta al Ejecutivo canario para que, como ya han hecho otras comunidades como Castilla y León y Andalucía, establezca marcos de colaboración con organizaciones humanitarias cuya labor viene siendo fundamental para el tratamiento y asistencia de presos canarios que cumplen condena en el extranjero.
El diputado Gustavo Matos, encargado de defender la propuesta, explicó que hay casos de presos españoles en otros países que han solicitado ayuda consultar y que sólo han obtenido un listado de abogados que no podían pagar o 60 euros al mes para hacer frente a una cuota por entrar en prisión, la multa impuesta y la atención sanitaria. Indicó, además, que hay asociaciones que se dedican a atender a estas personas y que han asegurado que hay españoles viviendo en la indigencia en las calles porque no tienen recursos para volver a España.
En materia sanitaria, indicó que el Gobierno de España no ha acordado un protocolo para poderles atender y lo ha derivado a las responsabilidades propias de las CCAA, dando lugar a casos paradójicos en los que un médico pagado por una comunidad para atender a un ciudadano de su región no pueda asistir a otro por ser de una comunidad diferente.
Gustavo Matos comentó que la Fundación de la Abogacía también ha llamado la atención a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por su actitud "terroríficamente pasiva", pues ha habido casos en los que a encarcelados que ya habían cumplido la condena dictada por el país no se les comunicó un cambio de legislación que les beneficiaba.
Añadió que en el caso de los españoles que están cumpliendo condena en estas condiciones, un derecho fundamental recogido en la Constitución como el de la reinserción "ni de lejos" puede ser garantizado en unas condiciones correspondientes a un estado civilizado como España.
Por otro lado, el diputado socialista afirmó que el informe de la Defensora del Pueblo es "demoledor y contundente", con estadísticas que "dan miedo" y donde se pone de relieve cómo la trama burocrática que sufren los españoles en cárceles extranjeras están produciendo situaciones "dramáticas".
Asimismo, Matos precisó que más del 85% de los españoles que cumplen prisión fuera de nuestro país son por delitos relacionados con el narcotráfico, la mayoría ciudadanos que, en una situación de crisis, han acudido a una vía "engañosa" para salir de una situación personal o familiar "desesperada" y que terminan viviendo un "auténtico infierno" en prisión.
Insistió en que son personas que por sus condiciones socioeconómicas se encuentran en un país extranjero con una legislación que no entienden, desasistidos, desamparados y en una prisión donde los derechos humanos no son reconocidos, y que a la condena inherente al incumplimiento de una norma se añade la condena "del olvido, del abandono jurídico y sanitario".
MEJOR COBERTURA.
Por el Grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG) suscribió las medidas propuestas en la iniciativa porque permitirán dar una mejor cobertura a los presos españoles en el extranjero, al igual que María Esther González, de Nueva Canarias, que apoyó la proposición porque "los españoles son españoles estén donde estén" y porque los derechos de los que están presos en el extranjero se están cumpliendo de manera "muy deficiente".
Francisco Déniz (Podemos) también respaldó la propuesta porque trata de solucionar problemas "sangrantes" que están sufriendo muchos españoles en cárceles de otros países y porque hace hincapié en aspectos como que ha sido durante la crisis cuando ha aumentado la cifra de personas que han tenido que delinquir como consecuencia de una situación de desesperación social o familiar.
Para justificar la abstención del Grupo Popular, el diputado Emilio Moreno quiso dejar claro que en la proposición no de ley se está hablando de la realidad de países extranjeros, en donde los presos españoles se enfrentan a problemas tan básicos como la falta de alimentos, medicamentos o productos de aseo, una situación "muy alejada" de las cárceles españoles, subrayó.
Desde el Grupo Nacionalista Canario, la diputada Socorro Beato apoyó la iniciativa por las grandes dificultades que padecen las personas que cumplen condena en cárceles extranjeras, la mayoría por tráfico de drogas (4 de cada 5) y cuya situación se ve agravada por la carencia de alimentación y de atención sanitaria, a lo que hay que sumar el desconocimiento de los sistemas penitenciarios y judiciales del país donde cumplen la pena.
