El Parlamento de Canarias aprueba la ILP de protección del arbolado urbano con el rechazo de Vox

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con el voto en contra de Vox, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 18.000 firmas, que propone la protección del arbolado urbano en el archipiélago.

La ley pretende la preservación de todos los ejemplares de cualquier especie que se ubiquen en suelo urbano y cuenten con más de 15 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco e incluye un régimen sancionador que tipifica como muy grave la tala, el derribo o la eliminación de árboles protegidos sin la autorización preceptiva.

En general se vetan las "podas drásticas o indiscriminadas" salvo cuando las copas no guarden la distancia mínima con tendidos eléctricos o telefónicos, dificulten o impidan la visibilidad de semáforos y cuando exista algún peligro para la seguridad vial o peatonal o la salud del propio árbol y también establece la obligación a los propietarios de su mantenimiento, conservación y mejora.

Igualmente propone la actualización del inventario municipal del arbolado al menos una vez cada diez años.

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha comentado que la ley nace "sin un respaldo claro" de los ayuntamientos, no aclara la financiación y "vuelve a cargar de burocracia" a las administraciones públicas.

En su opinión, ha primado el "cálculo electoralista" a la protección real del medio ambiente.

Galván ha criticado que se quiera mantener la "farsa climática" en Canarias y se hayan rechazado sus enmiendas, que abogaban por dar "sentido común" a la protección del arbolado urbano y generar un "urbanismo amable, bello y acorde a las necesidades de las familias de nuestras islas".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha agradecido el "trabajo altruista" de los proponentes de la ley al tiempo que ha reconocido las dificultades planteadas por la Fecam, dado que los servicios de jardinería no son iguales en todos los ayuntamientos.

Por ello entiende que tanto el Gobierno como los cabildos deben ayudar a su implementación, especialmente para los municipios menores de 10.000 habitantes, y así lograr "unas ciudades más verdes más limpias y más resilientes".

Jesús Ramos (ASG) ha destacado el "rigor" y "carácter técnico" de la nueva ley, lo mismo que su "equilibrio", para que carga no sea excesiva para las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos.

No obstante, ha pedido no dejar "solos" a los consistorios porque muchos no tienen las oficinas técnicas suficientes para desarrollar esta labor, acometer las podas de manera acertada o elaborar los catálogos.

NC-BC DESTACA LA "PERSEVERANCIA" DE LOS PROPONENTES

Carmen Hernández (NC-bc) ha reconocido la "perseverancia" de los promotores de la ley ya que no es "sencillo" legislar sobre la protección del arbolado urbano ya que los ayuntamientos, por ejemplo, se enfrentan a la falta de personal técnico, algo que deben suplir los cabildos.

Ha resaltado que la ley reconoce que los árboles "no son mobiliario urbano, no son farolas ni bancos, son seres vivos esenciales para el equilibrio de las ciudades, una ley que establece claramente los beneficios de las zonas verdes en las grandes urbes".

Para Hernández, las ciudades sin árboles "son más calientes, más contaminadas, más hostiles y también más injustas".

Carlos Ester (PP) ha señalado que el objetivo de la ley es "preservar" el arbolado urbano ya que en muchas ciudades "predominan el cemento, los hierros, los asfaltos", y esto implica que sean "más saludables".

Ha insistido también en aumentar la "concienciación" sobre el valor de los árboles con "educación y formación", tanto en las instituciones como en las empresas.

Natalia Évora (CC) ha valorado el "fuerte respaldo social" de la ley, que tiene "un objetivo muy claro", dotar a Canarias de un marco normativo que garantice un "patrimonio arbóreo, muy diverso, en buen estado, protegido, seguro y resiliente".

Ha comentado también que es "operativa, sencilla de aplicar y realista", y aunque el mayor "peso" recae sobre los ayuntamientos, se modula dada la diversidad de las 88 corporaciones locales de las islas.

Alicia Vanoostende (PSOE) ha señalado que los árboles "son mucho más que parte del paisaje" y si "esta ley existe" es gracias al empuje de un grupo de ciudadanos que entendieron que "había un vacío" normativo y "decidieron llenarlo con compromiso, sensibilidad y acción".

Ha apuntado que los árboles "necesitan planificación y cuidado, no improvisación", con medidas de defensa para "evitar daños que después son irreversibles", y un régimen sancionador "claro".

Ha admitido que se trata de una "ley de mínimos" pero entiende que "lo urgente es avanzar" y por ello, han presentado una enmienda a los presupuestos autonómicos para incluir medidas de apoyo a los ayuntamientos.