El Parlamento de Canarias responsabiliza a Torres de los contratos sanitarios en pandemia con los votos de CC, PP y Vox

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles el dictamen de la comisión de investigación que responsabiliza al expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y los rectores de la sanidad canaria en la anterior legislatura, de los contratos suscritos en pandemia con los votos a favor de CC, PP y ASG.

Los grupos del PSOE, NC-bc y ASG --que cogobernaron con el 'Pacto de las Flores'-- han emitido un voto particular de rechazo al dictamen y se han ausentado del debate tras su intervención.

El presidente de la comisión de investigación, el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha agradecido el trabajo de todos los grupos, el personal de la Cámara y las fuerzas y cuerpos de seguridad y resaltado que "lo más importante" del proceso es la elaboración de propuestas de mejora para el futuro.

Ha defendido la "neutralidad e imparcialidad" de la presidencia de la comisión pese a los intentos de "desacreditar" su labor y subrayado que se han detectado "grietas" durante la contratación pública en pandemia, lo que ha conllevado hacer una veintena de propuestas, entre ellas fijar una norma para ordenar la contratación de emergencia con un mínimo común de motivación, documentación, control de publicidad y criterios objetivos, e implantar una mejor trazabilidad.

"Lo que no es de recibo que los canarios hoy hayan pagado millones de euros y no sepamos quién trajo una propuesta o por qué se contrató a quién", ha indicado, al tiempo que ha solicitado una reforma del reglamento de las comisiones de investigación.

Ha indicado que hubo un "muro legal "que impidió el acceso a información y sostiene que la responsabilidad política de la gestión de los contratos en pandemia recayó en el Gobierno regional y no puede "descargarse en exclusiva" sobre los técnicos.

Por ello, establece que la responsabilidad política principal recae en el Gobierno de Canarias y "especialmente intensa" en el expresidente Ángel Víctor Torres, el exdirector del SCS, Antonio Olivera y los responsables de Sanidad, ha destacado Acosta.

Jesús Ramos (ASG) ha defendido el voto particular y su rechazo al dictamen ya que las conclusiones son "sospechas" y no "hechos acreditados", lamentando que la Cámara se haya orientado a "construir relatos".

Ha recordado la complejidad del momento debido a la pandemia sanitaria y la "competencia feroz" entre países por conseguir material sanitario, lo que obligó a regular de forma excepcional la contratación pública.

"No podemos analizar con la serenidad del 2026 decisiones que hubo que adoptar en cuestión de horas durante los momentos más críticos de una pandemia mundial", ha comentado.

Ramos ha remarcado la buena gestión del primer caso de covid-19 en La Gomera y de la cuarentena del hotel de Adeje y que el sistema sanitario canario "respondió" y cubrió las necesidades de la población, algo que no valora el dictamen.

ASG: SOLO UN CONTRATO FALLIDO DE 1.400 EXPEDIENTES

Asimismo, ha dicho que "no se puede construir un relato" en base a las circunstancias de tres expedientes --Megalab, RR7 y Soluciones de Gestión-- de un total de 1.400, y en el caso concreto de los cuatro millones de RR7, se inició el proceso para recuperar el dinero.

Esther González (NC-bc) ha comentado que el dictamen trata de "construir un relato con culpables previamente señalados" y "culpabilizar" a Torres, poniendo como ejemplo el gran papel que se le da la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz, que solo estuvo 14 días al mando de la pandemia.

Ha afeado a los grupos que hayan "borrado" el contexto de una "presión enorme" de los gestores públicos ante un "virus desconocido" y cuestionado que las recomendaciones se orienten a "más informes, más autorizaciones y más burocracia en la contratación de emergencia".

Ha criticado la "manipulación" de culpar a Torres y dos exconsejeros de Sanidad de los contratos fallidos cuando la contratación la acometió el SCS y ve "injusto" convertir la "tragedia" de la pandemia en "confrontación política" y "un circo".

FIERRO: UN EJEMPLO DE "CHANCHULLERISMO"

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, ha reprochado a CC y PP que crearan "el caso Torres" en 2024 con "conclusiones escritas, mentiras e insinuaciones", con una "delgada línea entre la política y el chanchullerismo".

Ha coincidido con NC-bc en tildar de "circo" el proceso y defendido la gestión del Gobierno canario en pandemia, pues Canarias fue la comunidad con menos muertes, cribó a todos los mayores en residencias, hubo test para visitantes y no hay ningún militante del PSOE imputado.

Ha negado "opacidad" del Gobierno regional y reducido a una "invención" las referencias a contratos de Megalab, lo mismo que las mascarillas de Soluciones de Gestión llegaron "en tiempo y forma" por lo que ha rechazado las "falsedades intencionadas" emanadas desde CC y PP.

"Se hizo lo que se pudo y más en unas condiciones antes desconocidas, en un contexto complicado", ha comentado, afeando a los diputados y diputadas a los que se les caerá el "peso de la conciencia" por utilizar la "deshumanización de la política, la corta memoria, la banalización de la verdad y la utilización de la suposición".

Nicasio Galván, portavoz de Vox, ha afeado la relación de Torres con empresas del 'caso Koldo' y la "falta de criterio" a la hora de cerrar los contratos, subrayando que el expresidente debió dimitir cuando se conocieron los audios contra la exdirectora económica del SCS --"me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica y o lo soluciona o la levanto para el aire"--.

"Torres debería dimitir por decencia si la tuviera", ha comentado, ya que la comisión sí concluye que hay responsabilidades políticas.

Fernando Enseñat (PP) ha lamentado que PSOE, NC-bc y ASG "se escondan y no den la cara" cuando el Supremo ya ha condenado a penas de cárcel al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, y ve como una "certeza" que fue Torres, junto a Antonio Olivera y Conrado Domínguez, quien "abrió la puerta" de Canarias a la trama de Soluciones de Gestión.

Ha indicado que hubo contactos con la "trama corrupta" durante "meses y meses", ha cuestionado el "despropósito" del contrato suscrito con RR7 y no entiende que no se hicieran auditorías ni se hubiese cesado a Conrado Domínguez al frente del SCS.

Ha acusado a Torres y Olivera de "faltar a la verdad" en las comisiones de investigación y ha pedido también su dimisión porque "falló a la honorabilidad" y es una pieza más de la corrupción que afecta al "sanchismo".

EL CONTRATO DE RR7, "GROTESCO" A JUICIO DE CC Y LA FISCALÍA

Vidina Espino (CC) ha comentado que el Gobierno de Torres "favoreció" a empresas e "ignoró las advertencias de los funcionarios" y rechazado que Canarias, con casi 20 millones de euros, fue una de las administraciones que mayor volumen de contratación realizó con una "organización criminal" condenada por el Tribunal Supremo.

Ha dicho que la contratación con Soluciones de Gestión "fue política" y con "intervención directa" de Torres para agilizar los pagos, aparte de que al llegar la mercancía, "una de cada tres mascarillas no servía" por lo que se modificó el contrato para adaptarse a las condiciones de la empresa y se asumió un "sobrecoste perjudicial" para las arcas públicas.

Sobre el contrato de RR7, ha coincidido con la Fiscalía en que fue "grotesco" y resulta "inverosímil" que los miembros del Gobierno dijeran que "no sabían nada".

Ha recordado que el comité de gestión no tenía actas y operaba de forma "opaca y sin ningún control" y rechazado que el anterior Ejecutivo descargue la gestión de contratos en la exdirectora económica del SCS, Ana María Pérez.